Andreu Morillas. |
Redacción. Barcelona
El síndic de la Sindicatura de Comptes de Cataluña Andreu Morillas ha explicado este jueves al juez que detectaron irregularidades en el sistema de contratación de las obras del nuevo hospital de Sant Pau, pero no percibieron malversación de fondos porque se limitaron a estudiar la contabilidad.
En su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona que investiga el presunta malversación de fondos públicos en las contrataciones, Morillas se ha ratificado que el informe elaborado por la Sindicatura detectó un sobrecoste de unos 38,5 millones de euros, que las fundaciones del hospital justificaron por la ampliación del proyecto.
Según la versión de la Sindicatura, la adjudicación de las obras tendría que haberse hecho a través de un concurso público y no por concesión directa; no sólo por la ley de contratas de 2004, sino también por una disposición de 1990 que obligaría a tramitarlo así por hacerse con fondos públicos, lo que afectaría a las cuatro fases de la construcción.
La defensa de las fundaciones que gestionan el patrimonio tienen una versión distinta: dicen que antes de 2004 estaba permitida la adjudicación directa, por lo que a su entender podrían quedar fuera del concurso público las tres primeras fases de la obra por hacerse antes de ese año, no así la cuarta de las fases porque es posterior y que, según ellos, tiene diferentes interpretaciones jurídicas.
En todo caso, la defensa sostiene que se trataría solamente de una "irregularidad administrativa", también que ha quedado probado que todas las facturas se emitieron por trabajos que sí se realizaron, y que el convocar un concurso público tampoco garantizaría que el coste del proyecto fuese menor.
Este miércoles declararon ante el juez cinco imputados por esta presunta malversación, y el 24 de julio lo hará el expresidente del Instituto Catalán de Salud (Ics) Josep Prat y el exgerente del Hospital de Sant Pau Josep Anton Grau.
La adjudicación de las obras es uno de los asuntos que investiga el titular del juzgado, Juan Emilio Vilá, junto al caso de los presuntos "contratos ficticios" y sueldos irregulares que presuntamente llevaron a cabo desde el centro.