Unión Profesional ha organizado este martes una jornada de debate con los cuatro principales partidos concurrentes a las elecciones del 26 de junio (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) en relación al desarrollo de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, actualmente en punto muerto tras la redacción de un borrador en noviembre de 2014.
Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP, ha sido claro con respecto a la tramitación de la normativa. “No es la prioridad del PP como medida para solucionar los problemas de España”, ha precisado el ex alcalde de Vitoria, que no en vano ha explicado que, si bien no va a caer en saco roto, no se tramitará de manera inmediata. Además, ha detallado que cuando se tramite, el punto de partida será el último borrador, el de noviembre de 2014.
Maroto ha avanzado que la tramitación se deberá hacer a partir del entendimiento “entre partidos moderados que compartan la certeza de futuro” y con un acuerdo con los afectados, con los colegios, algo que ha considerado “imprescindible”.
El dirigente 'popular' ha avanzado también que deberá llegarse a un acuerdo en cuanto a la colegiación obligatoria, ya que ha defendido que algunas profesiones deban serlas y otras no, en función al grado de afectación que tengan para el usuario y consumidor final, al que hay que proteger. En este caso ha mencionado por ejemplo a los profesionales de Farmacia como unos de los que sí tendrá colegiación obligatoria, igual que el resto de profesiones sanitarias.
En cuanto a la autorregulación, Maroto ha adelantado que su partido defenderá “ámbitos básicos de mínimos que afecten a todos como transparencia y rendición de cuentas”, y otros ámbitos con autonomía. Además ha declarado no compartir “el eterno trámite” de aprobación de los estatutos.
Tirón de orejas al PSOE
Por parte del PSOE ha intervenido Manuel de la Rocha, secretario de Economía del partido, al que Jordi Ludevid i Anglada, presidente de Unión Profesional, ha dado un tirón de orejas por su “relato economicista” y le ha avanzado que “por ese camino no vamos a entendernos con el PSOE” por una visión no social de las profesiones, ya que a su juicio ese ha sido el defecto de la negociación con el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Además, le han pedido que no recele del borrador actual de noviembre de 2014 como punto de partida para una futura aprobación, cosa que De la Rocha no ha descartado y lo ha visto “razonable” pero sí ha descartado que sea punto de llegada.
Al igual que con su 'colega' Javier Maroto, el socialista ha defendido que la Ley de Colegios salga adelante en la próxima legislatura a la vez que ha considerado que no es una prioridad apoyándose en el hecho de que es mejor que salga una buena ley a una que llegue rápido.
De la Rocha también ha coincidido con el PP en la necesidad de diferenciar unas profesiones con otras en función con los efectos que pueden causar en los consumidores, y a este respecto ha destacado a médicos y arquitectos sobre otras profesiones como administradores de fincas.
“Para nosotros el enfoque es la igualdad de oportunidades”, ha declarado De la Rocha, pero ha añadido que puede haber más como la “salud pública o la seguridad de los consumidores”, y ha mostrado su disposición a evitar el intrusismo con la nueva ley, reducir algunas restricciones de acceso a algunas profesiones y ha apostado por el diálogo para desarrollar la norma.
Podemos: “no aplicar la misma vara de medir”
Desde Unidos Podemos, Iván Ayala, de la Secretaría de Economía de Podemos, se ha mostrado a favor de una reforma de la regulación de los colegios y ha asegurado que esta necesita adaptarse a la actualidad, pues la que está vigente data de los años 70 del siglo pasado, y ha incidido en que “no se puede aplicar a todos la misma vara de medir”, pues son heterogéneos.
Sin embargo, ha adelantado que la Ley de Colegios debe garantizar la posibilidad de acceso a ejercer la profesión y a la vez el control de la actividad.
Respecto a la colegiación obligatoria, ha asegurado que el elemento que debe decidir si una profesión debe tenerla o no “es el interés general entendido como seguridad ciudadana, y no la competencia o el crecimiento del PIB”.
Ayala ha puesto en duda que el punto de partida sea el borrador de noviembre de 2014, sobre todo por la metodología por la que se ha llegado hasta ello (“falta de diálogo”), pero considera que debe preguntarse a los afectados si quieren o no que ese sea el punto de partida y si es así, finalmente debe serlo.
Ciudadanos defiende sacar adelante la ley “en el menor plazo posible”
Por su parte, Miguel Gutiérrez, delegado del partido en Madrid (e ingeniero anteriormente colegiado) ha defendido el espíritu europeísta de su formación, por lo que ha asegurado que la Ley de Colegios (una exigencia de Bruselas) “no se puede dejar en barbecho, es una obligación más como pagar la deuda” y por tanto debe “salir adelante en el menor plazo posible”.
Para ello, ha asegurado, el borrador actual es una buena base para comenzar.
Gutiérrez ha puesto en duda la obligatoriedad de colegiarse para todas las profesiones si no lo demanda la sociedad, así como a la territorialidad de ésta, que “debe ser lo más cercana posible al consumidor final”, si bien ha matizado que no es bueno cerrarse a un ámbito geográfico concreto.
El delegado de Ciudadanos ha criticado también la politización de algunos colegios, como los de Cataluña según Gutiérrez.
Por otra parte, también ha señalado que el 30 por ciento del empleo universitario estará sujeto a esta Ley de Colegios, por lo que ha pedido que no se deje fuera de la negociación a la Universidad.
Miguel Gutiérrez ha incidido en que la reforma debe darse “desde un punto de vista de equilibrios”, por un lado las aportaciones de consumidores y usuarios, profesionales y administraciones; y por otro de los riesgos que conllevan esas aportaciones.
“A Ciudadanos sí nos gusta la competencia”, ha indicado Gutiérrez en contraste con las tesis de Unidos Podemos.