La farmacoeconomía irrumpe en el posicionamiento terapéutico

La falta de evaluación económica en los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) de los medicamentos ha sido objeto de polémica desde que estas herramientas se pusieron en marcha en la pasada legislatura, una carencia especialmente criticada por los profesionales de farmacia hospitalaria.
 
El Ministerio de Sanidad parece haber escuchado estas quejas y haber tomado nota. En la última tanda de IPT de octubre (unos seis informes), el Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico tuvo en cuenta en sus consideraciones “análisis farmacoeconómicos” de los productos evaluados, aunque no comparten las conclusiones de estos estudios ni desarrolla su contenido en los IPT.
 
Hay que reseñar también  que el “impacto económico” se ha encontrado entre los términos empleados en los IPT, a pesar de que en este caso tampoco se desarrolle la cuestión dentro del informe.
 
En un reciente encuentro de Encarnación Cruz Martos con los medios de comunicación, la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)  y Farmacia del Ministerio de Sanidad explicó que “en lo que es la elaboración de los IPT sí que se discute la evaluación económica y el impacto presupuestario. Otra cosa es que en muchas ocasiones y de forma consensuada la memoria económica no se publique”.
 
Los IPT en los que se ha introducido estas cuestiones de manera explícita (y es de suponer que sistemática, en adelante) son tofacitinib, de Pfizer;  baricitinib, de Lilly; etelcalcetida, de Amgen; pembrolizumab, de MSD; ibrunib, de Janssen, y ciclosporina, de Santen.