Manuel Cascos, presidente de Satse.
La
Enfermería española apuesta por el traspaso inmediato de las competencias en materia de
sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Así lo ha puesto de manifiesto el principal sindicato del sector,
Satse, que ha solicitado tanto al Gobierno central como a los ejecutivos autonómicos que completen el proceso de traspaso para que la
población reclusa “reciba una atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos”.
A la hora de concretar la propuesta, el sindicato enfermero ha aclarado que dicho proceso de transferencia debe ir acompañado de una
dotación presupuestaria concreta que permita a las autonomías “la asunción del
personal transferido, el cual se equipararía salarial y laboralmente al personal estatutario del servicio de salud correspondiente”. “A partir de ese momento, se negociarán sus condiciones laborales y derechos en los mismos ámbitos que el resto del personal estatutario”, añade la organización en un comunicado difundido este martes.
Satse, para el que la sanidad penitenciaria ha sido durante más de 30 años y sigue siendo una “asignatura pendiente” que ha derivado en la circunstancia de que
“coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando en ocasiones recueros y que no tienen todavía consolidados unos canales de comunicación y coordinación adecuados”.
Para ilustrar lo problemático de la situación actual, Satse ha recurrido a un aspecto concreto de la inequidad que denuncia. En concreto, al de la
historia clínica, que en el caso de la sanidad penitenciaria no se comparte con el resto del sistema público. En ese sentido, el sindicato ha lamentado que “los profesionales de los centros penitenciarios desconocen las patologías del preso al ingresar, y a los de los servicios de salud les pasa lo mismo cuando deja la cárcel, con los déficits y riesgos que ello conlleva para los pacientes y los propios sanitarios”.
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