Congreso de los Diputados.
El
Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Proposición de Ley destinada a mejorar la
protección de las personas donantes en vivo de órganos con 20 votos a favor y 17 en contra. El texto, que ahora ha sido remitido al Senado para su tramitación final, ha conseguido luz verde en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha admitido las siete enmiendas presentadas por los grupos, incluyendo la ampliación del alcance de protección a los donantes de tejidos.
El objetivo de la ley es ofrecer una cobertura más amplia a los
donantes en vivo, reconociendo
permisos retribuidos y situaciones de incapacidad temporal por las ausencias necesarias para completar
pruebas clínicas y trámites vinculados con la
donación de órganos y tejidos. Este cambio busca modificar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social para garantizar la
protección económica y laboral de los donantes durante todo el proceso.
Inclusión de los donantes de tejidos
Uno de los aspectos clave que acepta la Proposición de Ley es la inclusión de los
donantes de tejidos como beneficiarios de las mismas protecciones inicialmente previstas solo para los donantes de órganos. Este cambio, impulsado por las
enmiendas de PSOE y Sumar, responde a la necesidad de equiparar la
donación de tejidos con la de órganos en términos de protección legal, dado que los trasplantes de tejidos, como piel o
médula ósea, son fundamentales para la cura de diversas enfermedades.
En la exposición de motivos de las enmiendas se subraya que, aunque los trasplantes de órganos en vida han sido el foco principal desde la creación de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la donación de tejidos ha sido el verdadero “precursor” de los trasplantes de órganos sólidos en España. Según datos de la ONT, en 2023 se realizaron 509 donaciones en vida de partes del hígado y 435 de riñón. Sin embargo, la
donación de tejidos se lleva practicando desde hace décadas y su impacto en la Medicina es igualmente significativo.
Bajas por donación de órganos o tejidos
Junto a esto, la nueva ley busca también reconocer formalmente las
bajas laborales derivadas de la donación de órganos o tejidos como situaciones especiales de
incapacidad temporal por contingencias comunes, asegurando que los donantes reciban la protección económica adecuada durante todo el proceso. Además, modifica el
Estatuto de los Trabajadores para que las personas que decidan donar un órgano o tejido puedan disfrutar de permisos retribuidos para la realización de las
pruebas clínicas previas y las consultas de información necesarias antes de la donación.
Estos
permisos retribuidos cubren las ausencias laborales para asistir a sesiones informativas, la realización de informes y
exámenes clínicos obligatorios, y aquellos trámites médicos que actualmente no están amparados por la situación especial de incapacidad temporal. De esta forma, los donantes no tendrán que asumir
perjuicios económicos por las ausencias laborales que implica el proceso, ya que su derecho a percibir un salario se verá protegido.
Evaluación de la ley de donantes
Otra de las
enmiendas incluidas en el texto aprobado establece una disposición adicional única, que obliga al Gobierno a realizar una
evaluación de la normativa dos años después de su entrada en vigor.
El objetivo de esta revisión es analizar si los cambios introducidos han logrado “un incremento tangible y real en el número de
donantes vivos”. En caso afirmativo, se plantea la posibilidad de extender las medidas de
protección a otros tipos de donantes vivos que no están cubiertos actualmente por la ley.
Nuevo artículo en la ley de donantes
Entre las modificaciones aprobadas, destaca también la
introducción de un nuevo artículo 9, que afecta a la Ley 47/2015, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del
sector marítimo-pesquero. Este artículo amplía las situaciones de incapacidad temporal reconocidas en este sector, incluyendo las derivadas de la donación de órganos y tejidos para su trasplante.
En concreto, establece que se encontrarán “en situación de
incapacidad temporal las personas trabajadoras que se encuentren en las situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes” cuando se vean afectados por
procesos de donación, equiparando sus derechos a los de otros colectivos cubiertos por la legislación.
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