Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.
Tanto PSOE como Sumar, partidos que sustentan al Gobierno central, convienen en la necesidad de agilizar el traspaso de las competencias de sanidad penitenciaria a aquellas comunidades autónomas que aún no gestionan esta cartera. Ese sentir ha quedado reflejado en una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que ambas formaciones instan al Ejecutivo a elaborar una
“hoja de ruta” basada en las “experiencias” de las regiones que ya las tienen.
Pese a que la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que la
cartera de la sanidad de los centros penitenciarios debía ser traspasada en el plazo de 18 meses, lo cierto es que, en la actualidad, solo tres autonomías la tienen: Cataluña (la primera que la obtuvo, en 1983), País Vasco (2011) y Navarra (2021). Hace aproximadamente un año el Ejecutivo central retomó el contacto con el resto de comunidades para avanzar en este sentido, aunque las conversaciones no han cristalizado.
En una PNL que cuenta ya con el aval de la Comisión de Interior del Congreso, Sumar (con el apoyo del PSOE, que registró una enmienda) incide en esta necesidad y llama al Gobierno a “valorar la
elaboración de una hoja de ruta” para transferir la sanidad penitenciaria “basándose en las experiencias de las comunidades autónomas con las competencias transferidas a los servicios de salud”.
De esta forma, sostiene la formación progresista, se permitirá “facilitar la
implementación de dicho proceso en el resto de comunidades y ciudades autónomas que manifiesten su interés en la asunción del referido traspaso”.
“Posteriormente, y en cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, proceda a tomar las medidas normativas o convencionales oportunas para que
la sanidad penitenciaria sea transferida a los servicios autonómicos de salud”.
Para Sumar, esa medida es “un clamor prácticamente unánime entre todos los agentes profesionales, sociales y sindicales relacionados con la materia y es también una necesidad reconocida por todos los grupos políticos”. Por ello, el grupo plurinacional señala que
el traspaso ha de ser “urgente” en tanto en cuanto se trata de un “requisito ineludible para conseguir la equidad y normalización de la sanidad penitenciaria”, pese a lo cual “ha habido una práctica parálisis” a la hora de acometerlo.
Avances en el trapaso de la sanidad penitenciaria
Hay regiones que han exteriorizado con mayor intensidad esa voluntad. Es el caso, por ejemplo, de
Cantabria, que remitió a finales de marzo de 2023 la actualización de datos relacionados con el traspaso de servicios sanitarios penitenciarios. En
Baleares se reanudaron las actuaciones en 2022, y en julio del siguiente ejercicio se firmó un convenio sobre interoperabilidad de Historia Clínica Digital, Telemedicina y formación de profesionales sanitarios.
En el caso de Aragón, en noviembre de 2023 informó sobre el procedimiento de transferencias en materia sanitaria y la situación de los Centros Penitenciarios de la región, mientras que en la
Comunidad Valenciana todos los centros penitenciarios tienen acceso a la Historia Clínica Digital del Servicio Público de Salud. En el caso de esta autonomía, además, desde octubre de 2023 es posible acceder a una agenda propia en el laboratorio del Hospital.
Por otra parte, el Gobierno ha señalado también que algunas comunidades autónomas, como es el caso de Extremadura, permiten a algunos centros penitenciarios acceder a la
historia clínica digital. En otras, como Cantabria, Madrid, y Valencia, se está implementando la
telemedicina.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.