La estrategia autonómica de Abascal congela el presupuesto en sanidad

La sanidad española encara un escenario incierto de financiación en 2025. El bloqueo político ha hecho imposible que los gobiernos de seis comunidades puedan aprobar en tiempo y forma los presupuestos del año, lo que les ha obligado a tirar de las cuentas prorrogadas del ejercicio anterior. La gran damnificada de esta encrucijada parlamentaria ha sido la sanidad, la partida reina. De todas las grandes inversiones a cargo de las autonomías, la salud es la que representa la mayor inyección económica. Se lleva de media cuatro de cada diez euros invertidos en los territorios. Ahora su futuro se ha visto inmerso en medio de un fuego cruzado político, que está más relacionado con los hiperliderazgos que con un debate sosegado sobre las necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Buena parte de este bloqueo tiene nombre y apellidos. El ‘no’ de Vox está detrás del estancamiento de los presupuestos en cinco comunidades. Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y Baleares están pagando los platos rotos del giro orquestado por Santiago Abascal para abandonar las coaliciones en todos los gobiernos autonómicos a los que entraron tras las elecciones de 2023. La formación apostó por volver a la oposición para poder marcar su sello propio en materia de inmigración o agenda verde, pero en ningún momento hizo gala de propuestas sanitarias como parte de sus renovadas líneas rojas. Un gesto con el que han evitado diluirse dentro de los gobiernos del Partido Popular pero que ha dejado en ‘stand by’ las grandes inversiones en materia de salud.

La Comunidad Valenciana ha sido el único de los gobiernos fallidos de la coalición de la derecha que ha logrado sacar adelante sus presupuestos. Sin embargo, esta ‘rara avis’ está condicionada por la imperante necesidad que había de movilizar el dinero para acometer la reconstrucción de la comunidad autónoma tras la tragedia de la dana. Una negativa en unas condiciones tan flagrantes no habría sido entendida ni siquiera por una masa electoral descontenta como la de Vox. Eso sí, por el camino la formación de José María Llanos ha conquistado toda una serie de acuerdos dirigidos a frenar la inmigración, recortar partidas de cooperación, paralizar las políticas ecologistas o evitar la promoción del valenciano. Ninguna gran acción afectó a la hoja de ruta sanitaria.

Con la excepción hecha regla, las conversaciones han continuado en las otras cinco comunidades que todavía tienen alguna opción de seguir el mismo camino. Especialmente llamativos son los acercamientos y guiños que se han producido en Aragón o Murcia. Sin embargo, en ninguna de las dos regiones Vox da un paso sin contar con el beneplácito de Madrid. Los dirigentes autonómicos del partido se niegan a hablar de partidas concretas ni a detallar tampoco cuáles son sus propuestas sanitarias para las cuentas, más allá de las claves de bóveda que ya ha establecido Abascal para todas las negociaciones de su partido. Esta dirección única se ha visto reforzada además por la salida de la agrupación de voces críticas como Juan García-Gallardo o Rocío Monasterio. 

Negociaciones abiertas para el presupuesto de 2025

En Aragón está en juego una partida que podría rondar los 2.800 millones de euros para la sanidad, si atendemos a la evolución de los presupuestos de los últimos ejercicios. El portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, no ha querido dar grandes pistas de sus peticiones, más allá de reclamar un gesto formal de Jorge Azcón en el que se comprometa a no acoger a mejores extranjeros no acompañados o a rechazar el Pacto Verde de la Unión Europea. Sin embargo, paralelamente ha demostrado su capacidad para alcanzar acuerdos con el PP, por ejemplo, para articular una subida del 15 por ciento del salario MIR. Mientras tanto la sanidad aragonesa está más necesitada que nunca de recursos tras una huelga que ha enseñado las costuras de un sistema que no encuentra médicos para ejercer en zonas clave como Barbastro. 

También han dado los primeros síntomas de negociación en la Región de Murcia. Allí, el presidente popular Fernando López Miras ya ha asumido en público las pretensiones marcadas por Vox desde su centro de operaciones nacional. Sin embargo, el gesto todavía no ha recibido el visto bueno del equipo de Rubén Martínez, a la espera de que la calculadora política garantice el siguiente paso. Las cuentas permitirían afianzar el aumento del gasto sanitario que se produjo en el ejercicio anterior cuando se movilizaron 2.450 millones para la causa, con una subida que llegó al 10 por ciento. A pesar del estancamiento de los presupuestos, los dos partidos de la derecha sí que han demostrado que son capaces de alcanzar grandes acuerdos en materia sanitaria, como su alianza para facilitar que los jefes de Servicio puedan compatibilizar de nuevo su ejercicio en pública y privada. Un pacto que sirve como contrapeso de los planes del Ministerio de Sanidad con su Estatuto Marco. 

Más complicado se antoja el escenario en Castilla y León, el territorio protagonista de la última gran batalla interna de Vox. El flamante portavoz de la formación, David Hierro, no ha aceptado ni siquiera participar en la ronda de conversaciones parlamentarias que ha organizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Las posiciones están más alejadas que nunca tras varios cruces de acusaciones en el propio pleno de la cámara. La bronca pública no ha impedido (por el momento) salvaguardar antiguos pactos en materia sanitaria entre PP y Vox como el de la ley que permitirá incentivar a los médicos en las plazas de difícil cobertura. Ahora, la única vía para desbloquear una inversión de cerca de 4.900 millones de euros pasa por un gesto de los socialistas que facilite las cuentas. Una hipótesis todavía lejana que abriría un antes y un después en la actual política de bloques.

Baleares es la comunidad que más lejos ha llegado en su afán por solventar la disputa de los presupuestos. El Gobierno de Marga Prohens llegó incluso a presentar oficialmente el anteproyecto de ley de las cuentas públicas, que contemplaba un despliegue de 2.455 millones para la sanidad en 2025, un 3,7 por ciento más. Sin embargo, la negativa de Vox obligó al Ejecutivo a retirar in extremis la ley para que no llegara a debatirse en la cámara y evitar el desastre final. Cinco meses después, las posiciones siguen estancadas en una autonomía donde Vox también ha protagonizado varias disputas internas, que han desmembrado el partido a causa de las escisiones y renuncias. Su actual portavoz, Manuela Cañadas, ha dejado la puerta abierta a un pacto que sigue en barbecho. Los antecedentes sí que muestran algunas líneas convergentes en sanidad, como la eliminación del requisito del catalán para acceder a una OPE que las dos formaciones de la derecha acordaron en el inicio de la legislatura.

También estaban los presupuestos en la rampa de salida en Extremadura, donde la presidenta María Guardiola esperaba contar con nuevo músculo económico para afrontar desafíos como la inversión en equipos de alta tecnología sanitaria o en la red de salud mental. El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ya ha invitado a la Junta a cumplir con la misma hoja de ruta que la Comunidad Valenciana en materia de inmigración o ecologismo, a pesar de que poco tiene que ver un territorio con el otro. Ni rastro, de nuevo, de políticas concretas en materia sanitaria que quieran ver reflejadas en las cuentas.

Cataluña y la parálisis nacional de la inversión sanitaria

Fuera de la órbita de Vox, la única comunidad que tampoco ha conseguido sacar adelante sus presupuestos es Cataluña, inmersa en un proceso de reconversión de los espacios políticos después de la pérdida de poder del bloque independentista. Salvador Illa no ha logrado poner de acuerdo a la misma mayoría parlamentaria que le permitió convertirse en president. La transferencia de competencias y la política nacional se han colado en una negociación que ha terminado en agua de borrajas. Eso sí, el líder socialista sí que ha logrado el apoyo suficiente de sus socios para aprobar un aumento extraordinario del gasto que permita llevar la inversión sanitaria hasta los 16.000 millones de euros. Una tirita que permite disimular la herida de los presupuestos. 

Con todos estos mimbres, la sanidad española está pagando el precio de tener a un tercio de sus comunidades autónomas con las cuentas congeladas. Algo que se suma a las propias dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez que tampoco ha encontrado socios para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta parálisis llega en un momento donde los agentes sociales cada vez reclaman más dinero para hacer frente a los retos del Sistema Nacional de Salud (SNS). La retención de los profesionales de Atención Primaria, el despliegue de nuevas políticas de salud mental, la reclasificación de las categorías laborales, la incorporación de la medicina de precisión o el salto en tecnología sanitaria no son gratis.