Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Ahondar en la
financiación conjunta de los sectores público y privado en innovación debe ser una de las líneas de trabajo del Pacto de Ciencia e Innovación, tal y como ha quedado patente en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al desarrollo de este acuerdo.
La propuesta, formulada por Víctor Cruz, presidente de la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la
I+D+i en el Congreso de los Diputados encontraba el respaldo de grupos como
PSOE y Ciudadanos. Cruz señalaba "más que nunca la importancia de la
colaboración público-privada" en el seno de la inversión y en la transformación del país, tras una década "perdida en investigación". "La I+D+i debe ser una política de Estado", apuntaba, con un claro objetivo: conseguir un
3 por ciento de inversión en Ciencia en el PIB basada en colaboración público-privada para 2030.
"Hay que cambiar la cultura tanto en lo público como en lo privado para que cuando haya acabado este plan podamos seguir invirtiendo en I+D", explicaba, en su apuesta por mantener una base financiadora al margen de la aportación estatal.
Cristina Uriarte, comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, añadía un segundo factor a esa colaboración: el seguimiento. "Vamos contabilizando distintos aspectos, la innovación de los productos, la tecnología, las patentes, el número de investigadoras. Hay un compromiso de inversión pública por parte del Gobierno vasco del 6 por ciento", recordaba, tras poner como ejemplo el modelo vasco para el impulso de este sector.
Inversión que deberá ir precedida por una
"autoevaluación" interna que permita el aumento de fondos de forma "progresiva", opina María Amparo Camarero, catedrática de Economía de la Universidad Jaume I. "Hasta que no tengamos claro lo que tenemos, no podemos lanzar dinero a un sistema que no conocemos". De hecho, "incrementar la financiación" sin datos que lo sustenten puede ser incluso contraproducente.
Investigadores: primer contrato estable a los 40 años
Recomienda en esta misma línea una evaluación externa y semejante para el
acceso de los investigadores al no estar claras ni "las contrataciones ni las posibilidades de acceder a una plaza". "
Retener talento es complicado si no puedes decirle a la persona que va a tener trayectoria clara con metas a conseguir y que se va a ver premiada con la permanencia en su contrato". De media, un investigador consigue un contrato estable a partir de los 40 años, criticaba, señalando la falta de transparencia, el retraso en las convocatorias o la excesiva burocrcia como problemas a resolver.
Los socialistas abogan por poner el énfasis en los
centros tecnológicos. "Se está intentando fijar unas bases mínimas para el pacto por la Ciencia, hoy por hoy se está debatiendo y habrá conclusiones que se tendrán en cuenta", sostenían Javier Alfonso Cendón como diputado de la formación.
Dentro de los aspectos a debatir dentro de este pacto se encuentra la brecha de género, a la luz de los últimos datos, que indican que la proporción de mujeres disminuye a lo largo de la carrera investigadora desde cerca del 50 por ciento al inicio hasta el 25 por ciento en la cima de la profesión. A ojos de Carmen Fenoll, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), esto supone "un derroche de fondos públicos, una pérdida neta del talento y fracaso del sistema". Por ello esperan que la nueva Ley de Ciencia, también objeto de la Subcomisión, revierta este problema y perdure fatos positivos como la bajada del índice de dificultad de acceso de las mujeres en su asceso a carreras investigadoras.
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