El Congreso aborda la "criminalización" del Gobierno a la sanidad privada

El Congreso de los Diputados abordará, a instancias de Ciudadanos, una propuesta destinada a “evitar” que los ministros del Gobierno exterioricen mensajes que tengan por objeto “criminalizar la atención sanitaria privada”.

En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, la formación naranja exige medidas para que no se reproduzcan ataques de miembros del Ejecutivo hacia la sanidad privada y el mutualismo administrativo.

El debate tiene lugar en el marco de las desavenencias entre los socios del Gobierno en torno al papel que debe ostentar la gestión indirecta de la salud en la nueva Ley de Equidad, que pese a estar enfocada a “blindar la sanidad pública”, tal y como manifestó Carolina Darias, no da los pasos hacia la acotación de la gestión privada que reclama Unidas Podemos.

En este escenario, Ciudadanos ha llevado al Congreso una iniciativa en la que exige a los miembros del Gobierno “evitar actuaciones y mensajes” que tengan como objetivo “criminalizar” la atención sanitaria privada pese al papel que esta desempeña a la hora de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20230.

“El sector sanitario privado representa en 2022 el 29,4 por ciento de la inversión sanitaria total en nuestro país, suponiendo ya en torno al 2,7 por ciento del PIB. En base a estos datos, el sector de la sanidad privada libera recursos a la sanidad pública por un estimado de 5.679 millones de euros, si el uso que el asegurado realiza es mixto entre recursos públicos y privados y por un estimado de 15.628 millones de euros si el asegurado utiliza exclusivamente el sistema privado. Además, la tendencia es de aumento en el número de asegurados, lo que implica que dicho ahorro al sistema público irá en aumento”, argumenta la formación de Edmundo Bal.

Comisión mixta para la colaboración público-privada

De forma paralela, Ciudadanos llama a “recuperar el papel de intermediario para facilitar la creación de una comisión mixta, “como la que ya existe en otros ámbitos similares, de forma que se favorezca un diálogo entre todas las partes interesadas del sector público, de las aseguradoras privadas y de los profesionales sanitarios para la actualización de baremos de referencia para remuneración de los profesionales sanitarios de la sanidad privada”.

Por último, pide reforzar los trabajos para una mejor colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que “se maximicen las sinergias entre ambos sectores con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el bienestar de la ciudadanía”.