Registran una ILP para cambiar el sistema que fija los precios de fármacos

Diecinueve organizaciones han registrado este martes en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue cambiar el sistema de fijación de precios de los medicamentos para conseguir un proceso más transparente, así como un "precio justo".

Laura Martínez, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha trasladado su preocupación al respecto, defendiendo un fondo público para acabar con estos problemas: "Esto puede generar sesgos en la prescripción con sobreutilización de ciertos fármacos y pueden aparecer los denominados conflictos de intereses".

Una vez registrada la ILP, será la Mesa del Congreso la que decida si la admite a trámite y si lo hace las organizaciones tienen un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso.

Las asociaciones denuncian que en los últimos años se ha experimentado "un aumento continuado" de los precios de nuevos medicamentos innovadores, y además "en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación". "Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, introduciendo copagos en los medicamentos y, en consecuencia, limitando el acceso a determinados tratamientos a miles de personas", denuncian.

Modificación del Real Decreto

Su proposición es que los precios se calculen con los costes de producción e investigación "reales", junto con un "beneficio industrial razonable". "No puede ser que estemos pagando sin saber realmente lo que cuesta", han lanzado. Poniendo ejemplos concretos, han defendido que los tratamientos CAR-T, recientemente incorporados a la sanidad pública, costarán a las arcas del Estado "unos 320.000 euros", pero que su precio real es "mucho menor", en torno a "40.000 o 50.000 euros".

Las organizaciones plantean también en la ILP una serie de modificaciones en el Real Decreto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios con el fin de que las administraciones tengan más capacidad para deliberar y fijar los precios justos de los fármacos con "la máxima transparencia posible".

La ILP también contempla el impulso de la investigación pública de fármacos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para evitar los "conflictos de intereses", mejorar el acceso a las innovaciones con la garantía de una prescripción adecuada y reducir los efectos negativos de la medicación innecesaria.