Un interventor externo auditará las cuentas del Consejo de Enfermería

El Consejo General de Enfermería (CGE) vive meses de metamorfosis en cuanto a su gestión interna se refiere. Después de 30 años bajo la dirección del binomio Máximo González  Jurado y Florentino Pérez Raya, este último, presidente desde 2017, parece que quiere dar un golpe de timón desde que el diario El País y Redacción Médica hicieran público que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite e investiga una denuncia presentada contra diversos aspectos de la gestión realizada por Pérez Raya en los últimos años.

Este martes sin ir más lejos ha anunciado que un interventor económico, de forma independiente, analizará cada gasto e inversión en el seno del Consejo General.

“El presidente no puede decidir en exclusiva según qué gastos. Asimismo, ese interventor podrá revisar todas las cuentas del Consejo General con carácter retroactivo, de hecho, pediré de forma específica que lo haga al menos desde los años en los que yo accedí a la presidencia de la institución”, ha explicado Pérez Raya ante el Pleno, según su departamento de Prensa.

El anuncio de este martes contrasta con el contenido de la mencionada denuncia, que indica que supuestamente habría estado cobrando de forma opaca dinero del CGE a través de una empresa familiar, o que habría compensado la compra de dos coches con subidas puntuales de sueldo.

El nuevo Pérez Raya

El anuncio de un 'auditor' externo es un paso más en la epifanía del nuevo Pérez Raya. Al poco de publicar este diario que la denuncia señala que este enfermero cordobés habría estado cobrando supuestamente cinco sueldos de la profesión (que ascenderían a 440.000 euros según lo depositado ante la fiscalía y trasladado luego al juzgado), llegaba el anuncio público de que renunciaba a su condición de presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, cargo por el que estaría recibiendo una de las supuestas cinco nóminas.

Otro de los anuncios que ha hecho Pérez Raya en este tiempo desde que El País desveló parte del contenido de la denuncia contra su gestión, es el de disolución de algunas de las empresas satélites del Consejo General de Enfermería, precisamente por las que según consta en la denuncia Florentino Pérez Raya estaría cobrando dos de esos cinco supuestos sueldos.

De igual forma presumía de buen gestor en una nota de prensa fechada en marzo, pocos días después de la publicación aparecida en El País y en otros diarios generalistas. Según el relato que desde el CGE se hizo llegar a la prensa, en los dos últimos años, Florentino Pérez Raya, como presidente, y la Comisión Ejecutiva, habrían conseguido rebajar los gastos operativos el Consejo General de Enfermería en 5,1 millones de euros, a lo que sumaba la reducción de más de 2,4 millones de euros en los gastos de la nueva sede del Consejo.

Parece por su reciente forma de actuar que Pérez Raya también querría pasar a la posteridad como 'pacificador' del Consejo General, una entidad en la tradicionalmente, y con él muchos años de vicepresidente y presidente, ha vivido duros enfrentamientos con colegios provinciales y consejos autonómicos. Ahora, después de las informaciones periodísticas, y tras ganar la lista de sus afines las recientes elecciones al Pleno, ha tendido una mano a que todos los colegios participen (aún no se sabe cómo) del gobierno de esta entidad de derecho público. Este hecho puede venir asimismo motivado por las dificultades que tuvo recientemente para sacar adelante unas cuentas que encontraron mucha contestación colegial, y que fueron aprobadas principalmente por el doble voto que tenían muchos integrantes de la comisión ejecutiva por su condición de directivos del Consejo y de sus respectivos colegios provinciales.

En el entorno del CGE es por muchos conocidos que Pérez Raya, ante esta investigación abierta por el Juzgado 31 de Madrid, ha recurrido a los servicios de un destacado y prestigioso abogado penalista, a quien el presidente del Consejo General de Enfermería estaría confiando sus pasos ante la hipotética apertura de un posible proceso judicial.