Manuel Cascos, presidente de Satse.
El
sindicato de Enfermería, Satse, ha criticado la
"falta de voluntad" del Gobierno por llegar a un acuerdo para
mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios españoles, como lo son los enfermeros, y para propiciar el
"traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas".
Satse ha manifestado públicamente su apoyo a las reivindicaciones de los
profesionales de Enfermería que trabajan en los centros penitenciarios de España, los cuales
estudian nuevas acciones de protesta y movilización después de que el Gobierno no haya dado una
respuesta satisfactoria a sus planteamientos de mejoras laborales.
De igual manera, la organización sindical ha lamentado que el
Ministerio del Interior siga sin
“mover ficha” para posibilitar el traspaso de los s
ervicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos, después de
14 años de esperas y “promesas incumplidas”.
Al respecto, recuerda que el
presidente del sindicato, Manuel Cascos, se dirigió el pasado mes de octubre
por carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que impulsase el proceso de traspaso de la sanidad penitenciari
a sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.
Mismos derechos
“Seguimos esperando que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez s
e cumpla el compromiso adquirido cuando su partido se encontraba en la oposición y dé solución a los problemas a los que se enfrentan los enfermeros y enfermeras, junto a otros profesionales, y las cerca de 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en nuestro país”, apuntan desde Satse.
"Corresponde una equiparación salarial y laboral"
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El sindicato no entiende porqué los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios de nuestro país, entre ellos,
cientos de enfermeras y enfermeros, no tienen las mismas condiciones laborales que sus compañeros y
compañeros dependientes de los servicios autonómicos de salud. Por ello, Satse defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.
“Es
absolutamente ilógico y discriminatorio que profesionales que desempeñan la misma labor en función de una misma formación y competencias tengan condiciones laborales distintas por el mero hecho de
pertenecer orgánicamente a una administración pública u otra”, aseguran desde la organización sindical.
Salvo en las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña, las enfermeras y enfermeros, así como el resto de profesionales sanitarios, que trabajan en los centros penitenciarios españoles,
siguen dependiendo del Gobierno estatal, concretamente del Ministerio del Interior.
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