Ley antiagresiones: Enfermería critica que lleva 3 años en "sala de espera"

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que la falta de interés y diligencia del Gobierno y de las comunidades autónomas para dar solución al problema de las agresiones a los profesionales sanitarios se constata en que llevamos casi tres años sin datos oficiales y en que no se ha querido impulsar una normar estatal, que está en "sala de espera", que ofrezca una respuesta común, coordinada y eficaz a esta grave lacra que sufren especialmente las enfermeras y enfermeros.

El Sindicato de Enfermería recuerda que último informe oficial dado a conocer por el Ministerio de Sanidad sobre agresiones a profesionales sanitarios es de 2017-2018 pese a las reiteradas demandas de contar con una radiografía exacta y actualizada del problema de cara a adoptar las medidas pertinentes en base a su dimensión y alcance real en el conjunto del Estado.

Al respecto, Satse subraya que es injustificable que no se disponga de datos sobre lo acontecido en 2019 y, sobre todo, en 2020 y 2021, de cara a poder adoptar las actuaciones necesarias para acabar con un grave problema que afecta a ocho de cada diez enfermeras y enfermeros a lo largo de su trayectoria profesional.

De igual manera, el Sindicato de Enfermería critica el escaso interés del conjunto de administraciones sanitarias, tanto a nivel estatal como autonómico, por querer impulsar una ley estatal que implique y obligue a todas ellas, así como a la sanidad privada y concertada, a adoptar todas las medidas y actuaciones necesarias a nivel preventivo y de actuación en defensa del profesional tras ser agredido.

Ante la inacción de las administraciones, Satse elaboró un borrador de anteproyecto de Ley con un amplio conjunto de medidas (prevención, sensibilización, información, apoyo…) para proteger a todos los profesionales sanitarios víctimas de agresiones, y fue trasladado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de salud de las comunidades autónomas, así como a los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados.

En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece ciertos protocolos y actuaciones a seguir de manera independiente y descoordinada en el conjunto del Estado con resultados dispares y siempre insuficientes, por lo que Satse insiste en la urgente necesidad de dar una respuesta conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma de carácter y alcance estatal.

Un grave problema que, a tenor de las denuncias que viene recibiendo a lo largo de los últimos meses, sigue muy presente tras el periodo de emergencia sanitaria por el Covid-19, siendo otra vez muy frecuentes los episodios de violencia verbal, como insultos o amenazas, y también los de carácter físico, en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.

“Entendemos que el momento que vivimos lleve a situaciones de desesperación, desagrado y enojo entre los pacientes y sus familiares pero jamás deben originar ni justificar cualquier tipo de episodio de violencia hacia unos profesionales que lo que buscan en todo momento es mejorar la salud y bienestar de las personas a las que atienden y cuidan”, concluye.