Se cuenta que, en cierta ocasión, un intermediario comercial de conservas compró una partida de latas de anchoas. A los pocos días le reclamaron que las cajas no contenían anchoas, sólo aceite, y que tras abrir varias de ellas para su consumo a todas les ocurría lo mismo. Extrañado, se puso en contacto urgentemente con el distribuidor que le había transferido la partida, recibiendo la siguiente respuesta: “Y a usted quién le dijo que las cajas fueran para consumo; eran sólo para venderlas”. Este es un ejemplo anecdótico de las cosas que pueden pasar cuando aparece gente sin escrúpulos, ausentes de ética, en cualquier cadena comercial con el único objetivo de ganar dinero a toda costa, sin pensar en los derechos del ciudadano.
Otro ejemplo que puede valer es el del famoso “Baile de la escoba”. Ya saben cómo funciona: una orquesta (o DJ, en su versión moderna) que toca cualquier canción bailable y varias parejas que se van pasando una escoba mientras danzan al son de la música, con el objetivo de no quedarse con ella cuando la orquesta deja de tocar, cosa que ocurre cada cierto tiempo, ya que de ser así quedaría eliminada. Y así sucesivamente hasta que sólo queda una pareja, la última, que gana el juego al haber tenido la habilidad de evitar quedarse con la escoba.
Algo parecido ocurre con el “negocio” montado alrededor de la exportación de medicamentos: “Y a usted quién le dijo que las cajas fueran de medicamentos; eran sólo para venderlas”. Como si su contenido no importara. Y claro, con la pérdida de respeto al paciente -objetivo último de la fabricación del medicamento-, y la consideración de éste no como un bien sanitario sino como una mercancía más con la que hacer “negocio” y ganar dinero, nos topamos con lo que ha sucedido. Se pueden buscar muchos culpables, y sin justificar absolutamente a nadie que haya tenido que ver lo más mínimo con este despropósito, es obligatorio sacar algunas conclusiones referidas a la falta de respeto con que ha sido tratado el bien sanitario que representa el medicamento.
En primer lugar, y no es la primera vez que lo digo, jamás debió permitirse su ilimitada circulación internacional. El argumento es muy simple: el precio de los medicamentos es fijado en cada país por la Administración Sanitaria mediante disposiciones legales, sin que sufra fluctuaciones al alza o a la baja en función de la oferta y la demanda como ocurre con otro tipo de productos. O dicho de otra manera, como cada país y para cada medicamento fija administrativamente un precio, que es diferente al de otros países, se bloquean las condiciones básicas para considerar como “libre competencia” la venta de medicamentos en mercados diferentes para los que fueron fabricados. El resultado es un flujo unidireccional del comercio de medicamentos desde países con “precio barato” a países con “precio caro”, lo que termina provocando inexorablemente serias dificultades de acceso a los tratamientos para muchos pacientes porque los medicamentos autorizados y fabricados para su dispensación (en nuestro caso en España) han terminado “vendiéndose” en países diferentes.
En segundo lugar, hay que desterrar definitivamente la falsa política y la frivolidad de la Sanidad y empezar de una vez por todas a tomarla en serio. Pongo ejemplos: no es de recibo que se autoricen precios tan bajos en los medicamentos y pensar que la única consecuencia va a ser la disminución de la factura farmacéutica.
Tampoco es de recibo que se permitan subastas de medicamentos, y menos aún que se incluyan medicamentos fabricados en condiciones laborales diferentes a las españolas, y pensar que la única consecuencia vuelve a ser la disminución de la factura farmacéutica (¿y los laboratorios que cotizan en España?, ¿y el empleo que generan y que va a disminuir inexorablemente?, ¿y la pérdida de rentabilidad de las Farmacias que está provocando alteraciones en la prestación?). Ítem más, tampoco es de recibo que se dejen de abonar las facturas generadas por consumo de medicamentos; que se elaboren presupuestos sanitarios claramente insuficientes; que se pasen medicamentos de las Oficinas de Farmacia a los Hospitales argumentando la necesidad de “controles sanitarios especiales”, algo totalmente falso e insultante para los profesionales farmacéuticos, cuando la realidad es el cambio de capítulo presupuestario y el retraso en el pago de los mismos.
Y, finalmente, tampoco es de recibo que se hayan autorizado almacenes de distribución de medicamentos de corta gama que suministran únicamente medicamentos interesantes económicamente (de alta rotación), o productos exportables. Y un largo etcétera.
Y en tercer lugar, que a todos los actores del mundo sanitario se les debe exigir una Ética doble. No una “doble ética” en el sentido de “doble cara” como decía Groucho Marx (“estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”), sino en el de “doble vigilancia”. Me explico; es obligación de cualquier profesional actuar intachablemente según las normas deontológicas y éticas, pero más aún cuando su campo de acción está relacionado con algo tan sensible como la salud de los ciudadanos. En este sentido, la Industria Farmacéutica no es una industria cualquiera, no ha recibido autorización para producir “cajitas vacías” sino un bien sanitario llamado “medicamento” destinado a curar personas.
El Médico no es un funcionario de oficina que atiende a contribuyentes exclusivamente, sino un sanitario en el que los enfermos depositan su confianza y su salud, debiendo anteponer el rigor clínico y la correcta praxis a cualquier otra consideración. El Farmacéutico no es un “vendedor de remedios” o de las repetidas “cajitas vacías”, sino un profesional sanitario que tiene el encargo de custodiar y dispensar los medicamentos que necesitan los enfermos, debiendo situar a éstos en el centro de su actuación. Los Almacenes de Distribución Farmacéutica no son meras “empresas logísticas”, sino instrumentos sanitarios que aseguran el abastecimiento correcto de medicamentos en todas y cada una de las Farmacias españolas, para conseguir que lleguen a todos los enfermos. Y la Administración Sanitaria no es un ente generador de limitaciones y trabas burocráticas que dificulten el trabajo de los demás y el acceso a los servicios, sino la garante de que sean atendidos adecuadamente los derechos de los pacientes, introduciendo cuantas modificaciones legales sean necesarias para hacerlo posible.
Por tanto, es necesario y fundamental que entendamos esto para hacer frente al desarme económico, moral y ético que inquieta a la sociedad española y que amenaza con destruirlo todo, incluso lo que siempre ha sido considerado primordial: la salud de los ciudadanos.