"Se puede aprovechar la inercia de la EMA para atraer talento sanitario"

Gemma Tarafa, comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, vivió como una decepción que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se le escapara a Barcelona, pero cree que hay que pasar página. Llama a todos los actores implicados con ellos en esta apuesta -Ministerio, Generalitat y sociedad civil- a "aprovechar la inercia" del trabajo conjunto para atraer talento a Barcelona en materia de investigación sanitaria. Aunque dirige la mayoría de sus dardos al Gobierno central, Tarafa sí cree que a la Generalitat depuesta en aplicación del Artículo 155 "le faltó voluntad" para revertir los recortes sanitarios y espera que en la nueva legislatura este asunto no quede soslayado debajo del debate soberanista.

¿Qué le pediría al nuevo gobierno que se forme tras las elecciones de este 21 de diciembre? Desde aquí, la percepción es que el 'Procés' ha enterrado las políticas sanitarias debajo del debate identitario.
 
La sanidad debe volver a ser un tema importante y prioritario en la agenda política. Los derechos sociales son un tema elemental, clave, y de hecho en el Ayuntamiento de Barcelona así lo hemos demostrado. Somos uno de los Ayuntamientos del Estado español que más invierte en derechos sociales. Tenemos que revertir los recortes que ha habido durante los últimos años y volver a los niveles del 2010. Hay que reforzar una sanidad pública de calidad y universal, creo que es importantísimo poner en el centro el tema de los derechos sociales entre los cuales está el tema de la sanidad.
 
Usted participó en la iniciativa ‘rebelión primaria’ que hace unos meses se alzó contra el consejero. ¿Qué le llevó a apoyar esta iniciativa?
 
Nosotros pensamos que la Atención Primaria es clave dentro del modelo sanitario. Cuando hablamos de poner la primaria en el centro del sistema, queremos decir pasar del 16% de presupuesto a un 25%. Y eso también quiere decir mejorar la situación de los trabajadores de Primaria.
 
Por otro lado, es autora de bastantes artículos y libros donde se apuesta por acabar “con la privatización y la mercantilización del sistema sanitario público” ¿Cómo está trasladando el Ayuntamiento de Barcelona estas políticas? 

Ya se han hecho cosas. Cuando entramos en el Ayuntamiento hicimos un informe que nos evidenciaba que en Barcelona hay cada año 200 millones de euros anuales que van del presupuesto de sanidad pública la privada con ánimo de lucro. Hemos puesto en marcha una estrategia de desprivatización ¿Por qué? Porque todos estos millones que van de la pública a la privada son millones que no podemos seguir tan de cerca qué se hace con ellos: no podemos auditar ese trabajo, no podemos asegurar que sea de calidad siempre, no podemos asegurar las condiciones laborales de esos profesionales. Hay herramientas, del sistema sanitario que son mucho más sencillas de desprivatizar que otras, por ejemplo, la atención domiciliaria en festivos y fines de semana es una pieza clave del modelo, que se ha conseguido desprivatizar porque el Ayuntamiento de Barcelona lo planteó en Consorcio Sanitario de Barcelona donde trabajamos conjuntamente con la Generalitat. No es una pieza muy grande, porque son alrededor de 2 millones de estos 200; pero es un paso. Hay otras donde no ha habido suficiente voluntad política por parte de la Generalitat para activar esos procesos de desprivatización.
 
La Generalitat tiene un 60% de Consorcio Sanitario de Barcelona y el Ayuntamiento tiene un 40%. ¿Cómo ha afectado a su funcionamiento la aplicación del artículo 155?
 
Lo primero es denunciar una vez más la aplicación del 155, porque es una intervención, por así decirlo, con todas las de la ley. En órganos como el Consorcio Sanitario nos afecta. Y mucho. Cuando hacemos reuniones, éstas ttienen que pasar previa y posteriormente por Madrid, hay una intervención financiera… creo que hay que denunciarlo. Lo que pasa es que nosotros hemos intentado que en el día a día esto no paralice la ciudad.
 
¿Y respecto a la Generalitat, antes del 155? ¿Cómo ha sido el trabajo con la Consejería de Antoni Comín?
 
El Ayuntamiento tiene competencias plenas en materia de salud pública, pero en Sanidad las tiene compartidas con la Generalitat. En temas como las listas de espera, o las congestiones de urgencias, nosotros apretamos día a día al Consorcio Sanitario de Barcelona, porque son retos que no están resueltos. Las listas de espera no han mejorado con el Plan de choque de la Consejería, que finaliza en marzo. Al contrario. Insistimos a la Generalitat en que hay que resolver estas cuestiones y se resuelven recuperando los niveles presupuestarios del 2010. Cuando decimos que los recortes afectan a la salud nos referimos a cosas como estas. Para poder mejorar la listas de espera y para poder mejorar las congestiones de urgencias hace falta más presupuesto en temas sanitarios, pero también un modelo sanitario diferente: hay que poner la Primaria en el centro y, para drenar bien a los pacientes de los grandes hospitales, hay que tener una red sociosanitaria buena.
 
Tras la aplicación del artículo 155 hubo una crisis de Gobierno y salió del Ayuntamiento el PSC y, con ello, Jaume Collboni, que estaba siendo el interlocutor del Ayuntamiento en la apuesta por la EMA. ¿Cree que esto pudo restarle posibilidades a Barcelona de acoger la agencia.

Para empezar, Barcelona no ha perdido la EMA. La EMA la ha perdido Londres, que es donde estaba. Sí que es verdad que Barcelona tenía una de las mejores propuestas que había sobre la mesa, pero yo creo que hay muchos factores seguramente que son los que han hecho que finalmente Barcelona no ganara el proceso. Entre los cuales pueden estar los que menciona, pero sería difícil decir que se ha producido sólo por este factor. Yo creo que es importante destacar en todo este proceso se ha ido de la mano del Estado y de la Generalitat. Son tres las administraciones que han participado desde el principio hasta el final de manera conjunta y eso habría que ponerlo en valor. ¿Que ha habido cuestiones que han dificultado que al final la candidatura la ganará Barcelona? ¡Sí! Pero no es un factor único, es una cúmulo de factores. En estos momentos, yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar la inercia que ya llevábamos con todo el proceso de generación de la candidatura entre Ayuntamiento, Estado y Generalitat y con diferentes agentes del mundo de la investigación. Unos días después de saber que la candidatura no venía a Barcelona, la alcaldesa, Ada Colau, se sentó con estos agentes para analizar cómo podíamos continuar trabajando aprovechando la inercia de la candidatura de la EMA. Entre las iniciativas que se acordaron es que el Ayuntamiento genere un fondo de ayuda para la investigación. Estamos acabando de trabajar con ellos en cómo será este fondo, cuánto dinero tendrá. Una cifra significativa para poder apoyar la investigación de nuestra ciudad.
 
No nos podría concretar un poco más esa cifra. ¿Hablamos de miles o millones de euros?
 
No puedo concretar  aún el montante, pero puedo decir que será significativo y sobre todo orientado para potenciar aquella investigación que al final revierte en el bienestar del ciudadano. En segundo lugar, también acordamos generar una mesa de trabajo con todo el sector de investigación de la ciudad, para hacer un plan de investigación a 10 años vista. Barcelona es un referente en Europa y puedo decirlo porque he dedicado muchos años a la investigación. Es un centro mundial de captación de talento y eso tenemos que poder potenciarlo, incentivarlo y acompañarlo como Ayuntamiento. Tras la decepción de no ganar la candidatura, nos surge la oportunidad que genera la inercia de trabajo que veníamos realizando.
 
¿Dentro del Plan de Salud del Ayuntamiento, cuáles diría que son las líneas de trabajo más importantes?
 
La prevención es una de las líneas más importantes. Los determinantes sociales de la salud son claves: las personas con más de dos años de paro tienen tres veces más probabilidades de tener problemas de salud mental. Hemos desarrollado 190 programas de prevención en estas temáticas que comento y en otras. El triple de los que había. Llegamos, potencialmente, a 360.000 personas de nuestra ciudad y nos hemos centrado en los 23 barrios (de los 73 que hay en Barcelona) con peores indicadores. Por otro lado, hemos puesto sobre la mesa el primer Plan de Salud Mental de la ciudad de Barcelona, con 111 medidas: centros ocupacionales para personas con problemas de este tipo y dificultades para encontrar trabajo o consultas psicológicas para jóvenes. También quermos formar en salud mental a todos los profesionales del Ayuntamiento. Tiene que ser un tema transversal, en el sentido de que se nos encienda una luz roja en el caso de que estemos ante una persona con un posible problema. Por otro lado, hemos puesto en marcha algunas medidas para poder acompañar a personas con problemas tras el atentado que sufrió Barcelona el 17 de agosto o por la situación coyuntural que vive Cataluña a día de hoy.
 
¿Diría que hay un trastorno mental asociado al procés o, como aseguró la Consejería de Sanidad, a las cargas policiales del 1 de octubre?  
 
Yo no ligaría las situaciones de angustia, miedo, ansiedad o estrés que tienen algunas personas al procés. Más bien, hablaría de continuum. Venimos de una situación de crisis económica de muchos años, después se junta con un atentado terrorista, para el que ninguno no estamos preparados como ciudadanos, y después la situación coyuntural de Cataluña. Todo esto genera en nuestros ciudadanos unos niveles de angustia y estrés superiores a otros momentos de la historia.
 
Un tema polémico fue la liquidación de la mutua aseguradora de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo ha terminado ese proceso? ¿Qué balance hacen?
 
Cuando llegamos quedaban 8.000 y pico personas que formaban parte de Pamem, la mayoría de ellas funcionarios o extrabajadores del Ayuntamiento. Lo que hicimos es que pudieran pasar de manera natural al Sistema Nacional de Salud, como cualquier otro ciudadano. El proceso se hizo poco a poco y finalizó el 30 de septiembre. Creamos un grupo de seguimiento porque entendemos que esto podía generar incertidumbre, como cualquier cambio. A día de hoy, la comisión de seguimiento se mantiene para asegurar que el cambio se ha hecho tal y como prometimos. Hemos ido resolviendo algunas cuestiones particulares y siempre  hemos estado receptivos cuando había un problema. El balance es positivo. Doblemente positivo, porque pudimos aprovechar la integración del Pamem en el Sistema Nacional de Salud para abrir nuevos servicios 100% municipales, como dentista para las personas sin recursos. Las personas sin recursos que tengan alguna patología dental que vaya más allá de la cartera de servicios –que es muy reducida en el CatSalut en esta materia– y no pueden sufragárselos tendrán este servicio a partir de enero. Se están terminando las obras en la antigua sede del Pamem para acogerlo. Allí también habrá Podología para personas sin recursos, medicina del deporte para personas federadas y un centro de cuidados donde aquellas personas que cuidan o que son cuidadas tengan centralizada la información sobre todos los sistemas de cuidados de nuestra ciudad.
 
Otros asuntos por los que Barcelona ha sido noticia en materia de salud ha sido por la atención sanitaria a inmigrantes y por una voluntad de reducir los contaminantes en el aire. ¿Cómo valora estas actuaciones?
 
En el tema de la exclusión sanitaria vale la pena denunciar que en Cataluña había una ley específica que fue recurrida por el Gobierno central. Nosotros hemos mejorando la situación de empadronamiento en nuestra ciudad y en aquellos casos puntuales donde no se atiende a algunas personas, trabajamos con entidades para que se cumpla lo que debería cumplirse. Respecto a la contaminación, hace 10 años la población de nuestra ciudad no relacionaba el tema de la contaminación con la salud. Ahora en las encuestas que hacemos en Barcelona, el 67% está preocupado por la contaminación y entiende que hay que poner sobre la mesa medidas valientes. Hemos hecho un triángulo que ha funcionado muy bien entre Urbanismo, Salud y Movilidad, porque muchas de las medidas que hemos de poner en práctica tienen que ver con la movilidad. Si no reforzamos el transporte público, difícilmente podemos prohibir o disminuir la presencia de coches.