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4 jun. 2020 20:38H
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ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha confiado en que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella que ha presentado contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que un juzgado de Teruel haya condenado a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la COVID-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.

CSIF ha manifestado en una nota de prensa que, a la espera de conocer con detalle el contenido de la sentencia, desea que el Tribunal Supremo tenga en cuenta los argumentos jurídicos planteados por el juzgado de Teruel.

"Es una buena noticia porque por fin desde los tribunales se empieza a reconocer la responsabilidad de las Administraciones en la falta de protección de las personas que han estado en primera línea contra el coronavirus", ha dicho esta organización.

La querella de CSIF contra el ministro de Sanidad como máxima autoridad en este ámbito considera que la falta de acopio de material de protección --mascarillas, guantes, batas y otros elementos-- y la posterior distribución de material en malas condiciones suponen la vulneración de los derechos a la protección de los trabajadores --artículos 316 y 317 del Código Penal-- y en consecuencia los presuntos delitos de homicidio y lesión imprudente.

Asimismo, el sindicato ha pedido a los grupos parlamentarios que reconozcan el contagio por COVID-19 como accidente de trabajo para el conjunto de las personas trabajadoras. Hasta el momento, el decreto aprobado por el Gobierno central solo lo contempla para el personal de la sanidad y sociosanitario.

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