Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y Alba Vergés, consejera de Salud de Cataluña.
El
procedimiento de adjudicación hecho por la Generalitat de Cataluña a una filial de Ferrovial para rastrear los contactos de
coronavirus Covid-19 en la región ha generado un amplio rechazo, tanto por parte de los profesionales sanitarios como de la sociedad catalana en general. No comprenden que sea una empresa la que realice el seguimiento de los casos
y no los profesionales de Atención Primaria. Ha recibido críticas también porque el contrato
"se ha realizado sin concurso y amparándose en la normativa del estado de alarma".
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