Cataluña exige al Estado 548 millones en sanidad y dependencia para justificar la independencia

Ricardo Martínez / Cristina Mouriño. Madrid
La Generalitat ha hecho público el documento “Crónica de una Ofensiva Premeditada” en el que denuncia que ha dejado de percibir 548 millones de euros del Gobierno central para financiar la sanidad y la dependencia.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Según se desprende de este informe, en Sanidad el Estado no ha compensado por la asistencia sanitaria a desplazados de otras comunidades autónomas en los centros de Cataluña, lo que supone más de 50 millones de euros anuales, cifra que equipara a los recursos que equivalen a los fondos públicos empleados en la compra de servicios sanitarios de un hospital comarcal medio, como podría ser el caso del Hospital General de Igualada o el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa.

Además, calcula en unos 58 millones el coste adicional que supondrá para la Generalitat la modificación de los tipos impositivos del IVA aplicables a los productos sanitarios, ya que el incremento de recaudación, de acuerdo con el actual sistema de financiación, irá a parar únicamente al Estado.

Del mismo modo, el texto critica la autorización de nuevos medicamentos con un “elevado impacto presupuestario” sin aportación económica adicional por parte del Gobierno, como por ejemplo los nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C, que lo cifra en un coste anual para Cataluña de unos 190 millones de euros en 2015. Además, la inclusión de la vacuna del neumococo conjugada en el calendario de vacunaciones antes del 2016 supondrá para un gasto adicional de 10 millones de euros anuales e incide en que “el Estado no prevé ninguna financiación adicional a las comunidades autónomas”.

En el caso de la financiación de la Ley de Dependencia, la Generalitat asegura que “el Estado ha olvidado su participación, que de acuerdo con la norma debía ser del 50 por ciento”, pero, añade, “la realidad es que Cataluña aporta el 82,5 por ciento de la financiación pública de la ley, y el gobierno solo el 17,5 por ciento”. En este sentido, el Gobierno catalán afirma que “Cataluña ha dejado de percibir 240 millones de euros en tres años a causa de los recortes del Gobierno del Estado”.

“Con este dinero”, explica, “que se ha dejado de recibir, se podrían haber incrementado 13.000 plazas residenciales o incluir a 26.500 personas al sistema de protección, restituir la figura del cuidador no profesional o incrementar en 6.000 plazas de servicios residenciales y diurnos para las personas con discapacidad y enfermedad mental”. El informe concluye que “si la Generalitat hubiera destinado los mismos recursos que el Estado a la financiación de la ley, un 65 por ciento de las personas que han estado atendidas no se habrían podido beneficiar de esta atención”.

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