La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre las novedades que los responsables del
Ministerio de Sanidad pretendían incluir en su
anteproyecto de Ley de los Medicamentos se hallaba la
reforma del copago farmacéutico, para hacerlo más progresivo y “más justo” para las rentas más bajas. Sin embargo, la propuesta ha quedado fuera del texto al que ha dado luz verde Moncloa este martes. Desde Sanidad indican que se ha atendido la petición de otros ministerios representados en los órganos de debate de los borradores legislativos -como la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae)-, que plantearon la opción de incorporar esa modificación en una fase posterior de la tramitación normativa por cuestiones “estratégicas”. El hecho de que se haya quedado fuera del anteproyecto en su primera vuelta no quiere decir, por tanto, que Sanidad haya renunciado a su propuesta de copago, afirman desde el departamento. Para materializar el cambio hay dos opciones: bien aprobarlo en segunda vuelta en el
Consejo de Ministros tras el periodo de audiencia pública, bien incluirlo en el texto como enmienda durante la negociación parlamentaria.
Redacción Médica ya avanzó a primeros de marzo que el
Ministerio de Hacienda estaba reteniendo el avance del anteproyecto de Ley de los Medicamentos antes de dar su visto bueno financiero. Es precisamente la titular de Hacienda,
María Jesús Montero, quien ejerce la vicepresidencia del Cdgae. Lo que Sanidad indica ahora es que esas reticencias tenían que ver con la
reforma del copago, aunque aseguran en el departamento que, en el fondo, no ha habido ningún disenso en las conversaciones interministeriales en lo referente a la prestación farmacéutica, ni con Hacienda ni con ningún otro ministerio, sino, más bien, “objeciones en términos estratégicos” de cara a buscar el momento más idóneo para reflejar las modificaciones pretendidas en el texto normativo.
No hay que olvidar las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios con las que se está encontrando una vez y otra el
Gobierno. Y aunque en Sanidad hablan de optimismo en torno a la Ley de los Medicamentos, no hay más que recordar lo que ocurrió con la
Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública recientemente para comprobar que el optimismo no es un argumento de garantías.
Nuevos tramos de renta en el copago que quiere Sanidad
Pero la negociación en las Cortes será harina de otro costal. En diciembre,
Democrata.es avanzó un
borrador del anteproyecto de Ley de los Medicamentos que se correspondía con la primera propuesta elaborada por Sanidad para reformar la
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, que data de 2015. En el documento se planteaba ampliar las aportaciones a la prestación farmacéutica a las rentas más altas, limitar las de los usuarios que cobran menos y establecer nuevos tramos de renta para fijar una aportación más progresiva.
En ese sentido, se reconocía que el copago farmacéutico ha sido uno de los elementos “objeto de crítica” en la Ley de Garantías, especialmente “el tramo de renta intermedio sobre el que se establece el porcentaje de aportación”. Para solucionarlo, en el artículo 120 de aquel borrador se introdujeron cambios que se resumían así: “Se incrementa el número de
tramos de renta, la progresividad de los mismos y se establecen límites de aportación en los tramos más bajos de renta de las personas que ostentan la condición de asegurado activo y sus beneficiarios”.
El impacto económico del copago no será negativo
“Nosotros vamos a seguir defendiendo esa propuesta”, aseguró el secretario de Estado de Sanidad,
Javier Padilla, en una reunión informativa mantenida con los medios de comunicación recientemente. El número dos de
Mónica García remarcó que, además, “no hay objeciones de fondo” por parte de ningún ministerio respecto a ese nuevo modelo de copago, cuyo impacto financiero, según Sanidad, no impedirá que la futura Ley de los Medicamentos suponga un “ahorro importante” para las arcas del Estado.
De acuerdo a los cálculos ministeriales, el actual anteproyecto -es decir, sin tener en cuenta la reforma del copago- conlleva un gasto añadido de 320 millones de euros por medidas como la
revisión al alza de precios de fármacos y productos sanitarios, cifra que se verá contrarrestada por el ahorro de en torno a 500 millones de euros que supondrán las mejoras en el uso racional de medicamentos, de 800 millones por la reforma del
Sistema de Precios de Referencia y de entre 30 y 50 millones al año por el fomento de acuerdos y compras de fármacos y productos sanitarios de forma centralizada, permitiendo a las comunidades autónomas que se adhieran al modelo.
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