Víctor Pedrera, secretario general de CESM.
El paso de las jornadas alimenta las dudas respecto al escenario que dejará tras de si la crisis de
Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que no solo deja en el aire la cobertura de cientos de miles de pacientes sino también el futuro laboral inmediato de los profesionales que ejercen en las aseguradoras. En las últimas horas han surgido voces críticas por el hecho de que el debate político y mediático se centre únicamente en la contraprestación económica que puedan recibir estas compañías y no en cómo repercutirá el nuevo convenio sobre los propios trabajadores. Desde el sindicalismo médico apuntan a que el concierto debería suponer una
revalorización de los salarios acorde al incremento de la prima de las aseguradoras, aunque ponen una
base mínima del 20 por ciento para adecuar esos sueldos al nuevo contexto.
“Es cierto que en las
compañías aseguradoras han pedido un aumento retributivo porque se les paga por debajo que en la sanidad pública por cada ciudadano atendido”, resume
Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien apunta que la revalorización de los sueldos de estos profesionales debe ser
“equitativa” a la subida de la prima que se acuerde entre el Gobierno y las empresas que se presenten al convenio.
Este mismo diciembre, el Gobierno anunció su intención de pagar un 33,5 por ciento más por la sanidad de los funcionarios, lo que supone un
‘extra’ cercano a los 1.000 millones de euros en comparación al convenio vigente. La reivindicación del sindicalismo médico pasa por que la
revalorización de los sueldos sea “equitativa” aunque pone como base mínima un incremento algo más comedido (cercano al 20 por ciento).
Sindicatos médicos y organizaciones del sector demandan que el aumento del 33,5 % en la financiación de Muface suponga una revalorización salarial del 20 %
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Una reclamación que hace suya el
Foro Nacional de Médicos en Ejercicio Privado (Fonmemp), en el que están integrados CESM y otras asociaciones como la Asociación Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), quien ya trasladó al Ministerio de Función Pública y la dirección de Muface una misiva en la que exteriorizaba su preocupación por que esas posibles mejoras de financiación “no llegaran a los prestadores de servicios”, en especial a los facultativos.
“Por ello, se solicitó que entre las condiciones del convenio a firmar se incluyan, por un lado,
contratos de prestación de servicios que respeten el equilibrio entre las partes, y por otro, que el incremento en la financiación del modelo tenga una o
bligada repercusión en los honorarios de los profesionales sanitarios”, apunta esta organización.
Añade Fonmemp que estos honorarios “deberían de ser fijados en base a un nomenclátor técnico-asistencial”, lo cual permitiría “el establecimiento de un sistema que respetase el principio de seguridad asistencial, jurídico y económico- tanto para los pacientes como para los profesionales y para las compañías y gestoras del sistema”; y “responder a la exclusiva y excluyente función que desarrollan”, y se insiste en la necesidad de una “subida obligada del IPC” para las retribuciones, ya que “lleva más de 30 años sin aplicarse”.
Riesgo de "fracaso" del convenio de Muface
Se trata del mismo sentir que han manifestado los últimos días los representantes de la sanidad privada, que advierten de que el modelo Muface “está en
riesgo de fracasar si no se garantiza una remuneración adecuada para la provisión sanitaria”, que es la que presta los servicios.
La
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) subraya, en todo caso, que estas mejoras no deben quedarse exclusivamente en las aseguradoras “sino que deben repercutir también en la provisión sanitaria”. “No es razonable que las aseguradoras consigan una subida considerable de la prima sin garantizar que esto se traduzca en
mejoras reales para los centros y los profesionales sanitarios que son quienes, en última instancia, atienden a los mutualistas y que también han estado padeciendo esta situación de infrafinanciación de los servicios asistenciales prestados”, afirma
Carlos Rus, presidente de esta organización.
El próximo lunes, 27 de enero, se cierra el nuevo plazo concedido por el Gobierno para recibir propuestas de licitación para el nuevo convenio de Muface, aunque por el momento ninguna compañía ha dado el paso adelante.
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