Más de 9,5 millones de euros para luchar contra las drogas

Redacción. Madrid
La Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas ha ratificado los criterios de distribución de los créditos a las comunidades autónomas correspondientes al presupuesto para el presente ejercicio de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

En total, el Ministerio de Sanidad transferirá más de 9,5 millones de euros, consignados en los Presupuestos Generales del Estado, directamente a las regiones para sus planes de lucha contra las drogas, excepto en el caso de Navarra y País Vasco, debido a su régimen de cupo (aunque sí reciben del Fondo de Bienes Decomisados). La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha presidido dicha conferencia, en la que están representadas la Administración central (a través de los ministerios de Presidencia, Interior, Empleo, Educación, Cultura y Deporte, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y las comunidades autónomas. En este acto también ha estado presente el Delegado del Gobierno para el PNSD, Francisco Babín.

Andalucía (1,5 millones de euros), Madrid (1,46) y Cataluña (1,41) son las comunidades que han recibido las partidas más cuantiosas. Además de la distribución de estos créditos, la Conferencia Sectorial ha abordado un informe sobre el estado de ejecución del Plan de Acción 2013-2016 que desarrolla la Estrategia Nacional sobre Drogas. A este respecto, se han formado 28 Grupos de Trabajo.

De igual forma, se ha visto otro informe, en este caso versado sobre las actividades del Sistema Español de Alerta Temprana para la detección de nuevas sustancias con potencial adictivo. Por último, se ha informado a los miembros del órgano la puesta en producción de la Plataforma BIDA (Biblioteca Iberoamericana de Drogas y Adicciones), que ha sido realizada dentro del Proyecto Copolad, proyecto de la Unión Europea que lidera España, y, a través del que se garantiza el acceso desde los países participantes a un amplio catálogo de documentos de interés para la planificación de políticas relacionadas con la reducción de la demanda de drogas.