Redacción. Madrid
Después del anuncio formulado por el ministro de Sanidad, su ‘número dos’ ha puesto la ‘letra pequeña’. Rubén Moreno ha explicado cuáles serán los cinco principales requisitos para que los inmigrantes en situación irregular accedan al documento, que no tarjeta sanitaria, que les daría acceso a asistencia sanitaria en Atención Primaria.
Rubén Moreno, secretario general de Sanidad.
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El primero será un periodo mínimo de empadronamiento. El secretario general de Sanidad no ha especificado de cuánto será éste, precisamente porque será un asunto que el departamento ministerial tendrá que consensuar con las comunidades autónomas, ya que, según Moreno, en aquellas comunidades que ya permiten el acceso a Atención Primaria a los inmigrantes irregulares establecen diferentes plazos que varían entre seis meses a un año.
Además, los nuevos usuarios del sistema tendrán que ser mayores de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, no estar exportando el derecho de asistencia de su país de origen ni que existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria y, por último, no tener más de 100.000 euros de renta.
Sin embargo, y con independencia de dicho plazo mínimo, la idea de Sanidad es que tengan acceso inmediato aquellos inmigrantes que tengan enfermedades de declaración obligatoria, contagiosas o mentales, “para que puedan ser incluidos directamente en el programa sin necesidad de esperar”.
Respuesta en la misma comunidad de residencia
De igual forma, los inmigrantes que adquieran este documento no tendrán derecho a la asistencia en otra comunidad distinta a la que se lo reconozca ni en el resto de países de la Unión Europea con cargo a la comunidad de residencia, para evitar que “lo que ocurra allí se haga con cargo a su comunidad”.
“Está pensado para dar respuesta en la misma comunidad, no da derecho a ser tratado con cargo a fondos públicos fuera del territorio español”, ha matizado Rubén Moreno. Esto es lo que diferencia a esta medida de la regulación que existía en España antes de la reforma sanitaria de Ana Mato, ya que, de acuerdo con el secretario general de Sanidad, “ahora no podrán exportar su atención sanitaria” a sus países de origen, lo que dio lugar a un turismo sanitario que costaba mil millones a España.
“No implica un cambio normativo de la reforma, lo que hace es mejorarla”, ha indicado Moreno. La pretensión del ministerio es debatir el asunto con las comunidades y poder llevarlo para su aprobación al próximo Consejo Interterritorial. No obstante, al no necesitar ningún desarrollo normativo podría entrar en vigor desde ese visto bueno.
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