Igualdad prioriza el cribado machista en AP y reformar la ley del aborto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido este lunes a petición propia en la Comisión de Igualdad del Senado para informar de las líneas generales de actuación que llevará a cabo el  Ministerio en esta XV Legislatura. La comparecencia ha comenzado con la ministra ofreciendo diálogo, políticas constructivas y consenso para consolidar los avances en derechos. “Frente a  quienes pretendan socavarlos, estaremos quienes creemos que la dignidad de  las personas, sus derechos y el libre desarrollo de su personalidad en condiciones de igualdad son el núcleo duro de nuestro orden político y de nuestra paz social”, ha apuntado Redondo.

La primera de las prioridades será reforzar los medios y recursos en la lucha contra la violencia de género, para ello la ministra ha defendido la renovación del Pacto de Estado. Ana Redondo ha anunciado que esta semana se registrará  la petición conjunta de creación de una subcomisión que retome los trabajos iniciados la pasada legislatura y que busque dar una mejor respuesta a las víctimas, atendiendo además a las nuevas formas de violencia, como las que se desarrollan en el ámbito digital. 

La ministra ha asegurado que el Ministerio de Igualdad trabajará para impulsar el denominado cribado universal, situando la Atención Primaria en el primer espacio de detección precoz de la violencia contra las mujeres. Por otro lado, se  crearán las Unidades de Valoración Forense Integral en todas las Comunidades  Autónomas, previstas en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Redondo también ha señalado la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional o reforzar el funcionamiento de los centros de crisis 24 horas,  “poniendo a disposición los recursos necesarios para garantizar a las víctimas  de agresión sexual toda la atención y acompañamiento que requieren”. 

Líneas de trabajo de la ley de paridad

La ministra de Igualdad ha destacado entre las líneas fundamentales de trabajo la Ley de Paridad, como una ley que “manifiesta el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades, con el objetivo de  remover todos los obstáculos que impiden la efectiva igualdad”. 

Una ley que Redondo ha calificado de justa, eficiente y ambiciosa. “Justa porque incorpora la representación equilibrada de sexos, eficiente porque no hay una democracia avanzada, ni economía sólida que pueda prescindir de la mitad del talento, y ambiciosa porque rompe los techos de cristal que todavía existen”. 

Retomar leyes aprobadas en la anterior legislatura

 
Durante su comparecencia, la ministra también ha señalado la implementación de las leyes aprobadas en la anterior legislatura como otra de las prioridades de actuación de este mandato. En este sentido, ha destacado la Ley LGTBI para que “sus derechos se vean mejorados en un corto plazo de tiempo y para que ninguna persona se quede sin un marco normativo e institucional”.

Redondo ha recordado la puesta en funcionamiento del 028, como número gratuito de  información y atención integral en material de derechos LGTBI, que ha recibido  desde el 5 de julio de 2023 y hasta el pasado 25 de febrero, un total de 5.771 llamadas, una media de 720 al mes.

La ley además contempla la erradicación de las llamadas “terapias de conversión” o la lucha contra el “sexilio”, el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia. En las próximas semanas saldrá a contratación pública un estudio de un año de duración con el fin de recabar datos sobre este tipo de migraciones.

Por otro lado, se implementará también la Ley de Igualdad de Trato, creando una autoridad independiente para la Igualdad de Trato y la no discriminación, que será la encargada de proteger y remover la igualdad de trato y no discriminación, tanto del sector público, como del privado. La ministra de Igualdad ha destacado en su comparecencia que los servicios de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica han pasado de asesorar una media de 500 incidentes racistas anuales a más de 1.500 en 2022 y a más  de 2.500 en 2023. 

La ministra de Igualdad además ha señalado que se avanzará en la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando la igualdad de condiciones en todas las Comunidades Autónomas, y en el medio rural, donde hay menos servicios y más dispersos. 

Redondo ha argumentado que las circunstancias que llevan a una mujer a interrumpir su embarazo son personales y obedecen a situaciones que no pueden entrar a cuestionarse; y también ha insistido en que hay que garantizar el derecho de las mujeres que quieran ser madres a poder serlo. 

Brechas de género en el mercado laboral

Reducir la brecha salarial, así como la parcialidad “a la que las mujeres se ven abocadas en su mayoría sin quererlo”, son algunas de las actuaciones que se contemplan en materia de empleo. Redondo ha anunciado el fomento de  los servicios de cuidados desde lo público para facilitar que la maternidad no las penalice en el mercado laboral. Además, la ministra se ha referido a la  desigualdad en la distribución del tiempo que perjudica a las mujeres en el ámbito profesional, educativo y personal.

“Es imprescindible desterrar la idea que tradicionalmente asocia a las mujeres con los cuidados. Cuidar no es ni una inclinación natural de las mujeres, ni mucho menos su responsabilidad  exclusiva”, ha subrayado Redondo, quien además ha recalcado la creación de una Mesa de Diálogo Social para los Usos del Tiempo y la racionalización horaria. 

En su discurso, la ministra también se ha referido a la Ley de Familias, aprobada en el Consejo de Ministros que incluye medidas como la prestación por crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos e hijas de 0 a 3 años; y la  protección a las familias monoparentales, que dispondrán de una acreditación  oficial y a los que se va a ofrecer la posibilidad de 16 semanas de educación infantil gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida. Además, se  equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de  las familias numerosas.

Por otro lado, se continuará con el Plan Corresponsables, por el que se han  transferido 190 millones de euros anuales a las comunidades autónomas, y se  impulsará la colaboración público-privada en el marco de la negociación colectiva, para establecer incentivos vinculados con la oferta de servicios de  cuidados como escuelas infantiles o ludotecas y centros de día para personas  mayores. 

Hoja de ruta del Ministerio de Igualdad 

Todas estas prioridades se desarrollarán “con diálogo y transparencia, superando la confrontación y apelando a los consensos”, ha asegurado Redondo, quien ha insistido en la transversalidad y coordinación con el resto de administraciones. Para ello se celebrará la Conferencia Sectorial de Igualdad el próximo 29 de abril. 

Además, se convocará la Comisión Interministerial de Igualdad, que no se reúne desde 2018, para lograr mayor coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales. A esto, ha sumado la participación del movimiento asociativo y de las organizaciones de mujeres,  reforzando el Consejo de participación de las mujeres.