Sanidad impulsa el PIR de Infancia y Adolescencia vía Plan de Salud Mental

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) ha dado luz verde este viernes al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. El Ministerio de Sanidad ha conseguido el voto favorable de los consejeros sanitarios del PP, que, en el pleno del pasado 14 de febrero, tumbaron la iniciativa al considerar que tenía defectos “de fondo y forma”. En la rueda de prensa posterior a la sesión celebrada en Toledo, la ministra Mónica García ha recordado que el plan, que ha definido como “ambicioso”, cuenta con una dotación presupuestaria de 39 millones de euros que servirán, entre otras cosas, para regular la especialidad de Psicología Clínica Infantil y de la Adolescencia y aumentar el número de psiquiatras y psicólogos clínicos del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El Plan de Salud Mental recién aprobado se articula en torno a ocho ejes estratégicos: refuerzo de recursos humanos, salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización, modelo de atención orientado a los derechos humanos, humanización y lucha contra el estigma; uso racional de psicofármacos, calidad y seguridad en la prescripción; abordaje de problemas de salud mental en contextos y colectivos de mayor vulnerabilidad; salud mental perinatal, de la infancia y de la adolescencia; potenciación de los sistemas de información en salud mental; y salud mental y trabajo.

De estos, García se ha centrado en tres aspectos. Del consumo de psicofármacos ha lamentado que se haya convertido “en una norma” en lugar de en “una excepción”. Para paliar ese consumo creciente, ha avanzado que se elaborará una “guía práctica clínica basada en la evidencia” de cara a “garantizar” su “uso racional”. En en ese contexto en el que entra el apoyo ministerial a la regulación del PIR de Psicología Clínica en la Infancia y la Adolescencia -en analogía a la especialidad de Psiquiatría-. Con ello, se daría respuesta a las peticiones lanzadas a principios de año por diferentes organizaciones ligadas a la profesión. 

Alternativas contra la contención mecánica

Sobre el incremento de recursos humanos, la ministra ha reconocido que, a pesar del esfuerzo a la hora de aumentar profesionales de salud mental, el déficit del que se partía era “tan estructural”, que todavía está sobre la mesa el “reto” de solucionarlo. De cara a conseguirlo, se ha solicitado a las comunidades autónomas un informe para conocer las necesidades de profesionales de cada región y, con ello, detectar "los puntos críticos" y "reorientar los recursos" con mayor precisión. 

Y en cuanto a la garantía de derechos, se impulsarán alternativas a la contención mecánica fomentando modelos "más humanizados" que limiten su uso y promuevan la desescalada en situaciones de crisis. Además, el plan sentará las bases de una estrategia integral de desinstitucionalización para fomentar la autonomía e independcia de los pacientes. 

García ha resumido que el plan, por todo lo anterior, es “ambicioso” y “responde a los malestares de nuestra época”: “Puede que la salud mental no ocupe las portadas, pero está en la vida cotidiana de todos y de todas. Cuidar la salud mental es lo más valioso que tenemos”, ha sentenciado.

Las objeciones del PP al Plan de Salud Mental

Antes del pleno, los consejeros populares habían lamentado que el montante presupuestario de 39 millones de euros para llevar a efecto las medidas incluidas en el Plan de Salud Mental era insuficiente. Sin embargo, la ministra ha asegurado que, durante la sesión, nadie ha verbalizado ningún pero al respecto: “No ha sido motivo de disputa”. Pese a ello, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha seguido insistiendo al término del pleno en que la partida se queda corta: “Cuando se hace un plan no puedes transferir las obligaciones sin partida presupuestaria a las comunidades autónomas, y, en este caso, lo que van a aportar es 80 céntimos por cada español que esté en este plan”.

“Ya estamos hartos de tener tanto plan, de tener tanta estrategia sin que exista una financiación adecuada y sin que se nos diga qué financiación vamos a tener”, ha agregado, en la misma línea, su homóloga de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Ante ello, García ha recordado que, desde 2022, ya son 101 millones los que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas desde el Gobierno para impulsar iniciativas de atención a la salud mental.

Falta de profesionales para atender la salud mental

En cualquier caso, el conselleiro gallego de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha augurado que las “dificultades” para llevar a efecto las medidas del plan no van a depender tanto del presupuesto, sino de “los déficits de profesionales tanto en el campo de la Psiquiatría como en el de la Psicología Clínica”. Ese, no en vano, fue uno de los motivos argüidos por los populares para tumbar la iniciativa en el pleno de febrero, en consonancia con la postura de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), el Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infantojuvenil. Sin embargo, el hecho de que ahora Sanidad haya logrado el consenso de las sociedades científicas parece haber decantado la balanza a favor del voto positivo.

Otro de los cambios introducidos al plan que se rechazó en febrero ha sido, tal y como habían trasladado previamente fuentes de Sanidad, ‘poner nombre y apellido’ a los psicofármacos que pueden deprescribirse en determinados casos, en lugar de hacer alusión a ello de forma global. Es algo que también demandaban los profesionales del ramo. El nuevo texto hace referencia a ambos términos, "deprescripción" y "uso racional", pese a que desde Sepsm se había pedido, en principio, la sustitución del primero por el segundo. 

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha pedido a Sanidad que los colegios oficiales de Médicos, de Psicología y de Trabajo Social puedan formar parte de la comisión técnica encargada del Plan de de Salud Mental. La responsable canaria ha alertado de los "riesgos de intrusismo laboral" que existen en materia de atención psicológica, al respecto de lo cual ha señalado que "sólo los psicólogos" tienen competencias para dirigir este tipo de terapias.