España tiene al menos 3.900 profesionales sanitarios objetores de eutanasia

España tiene contabilizados 3.924 profesionales sanitarios que se han declarado objetores de conciencia de eutanasia, según los datos facilitados por las seis comunidades autónomas que, desde la entrada en vigor de la ley de regulación de la eutanasia hace siete meses, han notificado la cifra.

Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco son las regiones que han accedido a la consulta realizada por Redacción Médica o bien han dado datos del número de sanitarios objetores de conciencia de eutanasia contabilizados durante los meses posteriores a la entrada en vigor de la ley que la regula.

La Comunidad de Madrid concentra dos tercios de los sanitarios objetores registrados, con 2.723 registrados, según la información de la Consejería de Sanidad. La cifra ha ido en aumento en los últimos tres meses, ya que en noviembre el número rondaba los 2.300 y en diciembre se elevó hasta 2.614.

¿Qué comunidad tiene menos objetores de eutanasia?

En Castilla y León hay registrados 238 médicos objetores de conciencia de eutanasia, mientras que en la Región de Murcia se han declarado objetores de practicar la muerte asistida 64 facultativos y dos farmacéuticos.

El porcentaje de profesionales sanitarios de Osakidetza que se ha registrado como objetor de conciencia de eutanasia es del 1,9 por ciento, lo que representa un total de 188 profesionales, de los cuales 168 son médicos. Para el Departamento de Salud, una cifra "muy baja" y menor de lo que en un primer momento había calculado.

Por último, en Cataluña solo el 0,1 por ciento de médicos son objetores de conciencia de eutanasia, es decir, 90 profesionales sanitarios de los 90.000 que trabajan en la sanidad pública. De los 90 que rechazan realizar este servicio, 77 son médicos, 12 son enfermeras y el profesional restante es farmacéutico.

Al cierre de esta edición, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja, por diferentes razones, no han indicado una cifra concreta de objetores de conciencia de eutanasia, alegando que no recogen dichos datos. Por su parte, Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra rechazan comunicar el número de objetores de conciencia afirmando que "son datos confidenciales".