Leire Sopuerta Biota. Madrid
Además, el texto demanda que se garanticen los deberes de los profesionales sanitarios respecto a los testamentos vitales, la atención a las personas en el proceso de muerte y la limitación de las medidas extraordinarias de soporte vital; el derecho a la asistencia integral en el proceso de muerte y al apoyo y acompañamiento a las familias, no sólo el tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, sino también aspectos psicosociales y espirituales. Asimismo, este proyecto de ley pide que se establezca un marco común que cree espacios de colaboración y coordinación en la materia con las comunidades autónomas, racionalizando procesos y optimizando el uso de las nuevas tecnologías, para conseguir mayor eficiencia en el ejercicio de los derechos y deberes contenidos en la futura regulación. Y reclama al Ejecutivo que siga la línea del último pronunciamiento mayoritario del Pleno del Congreso sobre este tema el pasado 9 de marzo de 2010, el anunciado 'Proyecto de Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna' no contemple ni ampare, en modo alguno, la regulación de un supuesto derecho a la eutanasia en España. El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha reiterado en la defensa de su propuesta su petición al Gobierno de que, si quiere legislar en la materia, lo haga con el mayor espíritu integrador, con el objetivo último de poner orden a la dispersión normativa autonómica existente en España. Desde el PP, Santiago Cervera ha asegurado que “no es necesario regular un derecho ya garantizado” y ha insistido en que lo “correcto” es aplicar la Ley de Autonomía del Paciente. La diputada socialista Pilar Grande ha reiterado que en esta ley no se regulará ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Gaspar Llamazares, de IU, se ha mostrado sorprendido ante esta iniciativa porque “supone un veto al Gobierno, ya que le dice sobre lo que no puede legislar, la eutanasia”. El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha acusado a Salvador de “poner la venda antes de producirse la herida” y ha rechazado la medida porque, entre otras cosas, “reduce las competencias autonómicas”. Por su parte, Concepció Tarruella, de CiU, cree que la ley anunciada por el Gobierno “no es oportuna”. |