![]() De izquierda a derecha, Jesús Fernández, de la Federación de Servicios Privados de CCOO; Antonio Cabrera, secretario federal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO; José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED); Jorge Guarner, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste); Pilar Navarro, secretaria federal del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT; y José María Gallardo, de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (Lares). |
El cuidador “informal”, todavía demasiado presente
Como ha resaltado la secretaria federaral de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, Pilar Navarro, la realidad apunta a que la cifra de empleo no rebasa los 130.000 puestos y que de ellos, “gran parte son cuidadores familiares”, contemplado como excepción en la norma pero finalmente convertido en la situación predominante. En este sentido se ha pronunciado Jorge Guarner, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), quien ha instado a las Administraciones a regular “reglamentos básicos para profesionalizar el sector” porque “tras siete años de la puesta en marcha de la Ley, no existen”. Según los datos de Guarner, en 2014, el 54 por ciento de resoluciones se destinaron para el cuidador no profesional, y en enero de este año han sido el 43,1 por ciento. “Hay que demostrar la eficiencia del sector. Si los dependientes no son bien atendidos, el peso recae en la familia y, concretamente, en la mujer”, ha criticado Antonio Cabrera, secretario federal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Jesús Fernández, de la Federación de Servicios Privados de CCOO, ha asegurado que solo el 45 por ciento de las licitaciones se han hecho públicas en los últimos años y que, en ellas, se ha registrado una pérdida de un 18% de los beneficios dada la diferencia entre lo presupuestado en los concursos y lo que se ha aportado en la adjudicación final. Cabrera ha insistido además en el reto financiero todavía pendiente: “Debe haber más corresponsabilidad en la financiación, esto impacta también en el empleo, en la viabilidad del sector y en el derecho a las personas para ser atendidas”.
Un informe que presentarán a las Administraciones
Las citadas organizaciones se han propuesto radiografiar el sector de la dependencia en los próximos meses para presentar un informe exhaustivo de la evolución de la Ley en estos siete años así como de las medidas que consideran prioritarias.
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