María Márquez. Madrid
Con la cautela del trabajo sin finalizar de los servicios jurídicos del Consejo General de Enfermería (CGE), su presidente, Máximo González Jurado, ha manifestado sus sospechas sobre la vulneración legislativa que contendría el proyecto de registro de profesionales sanitarios. En concreto, se trataría de cuatro normas: 17/2009 (‘Ómnibus’) y 25/2009 (‘Paragüas’) sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la de Colegios Profesionales 2/1974; y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) 44/2003.
![]() El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo Glez. Jurado. |
González Jurado mantiene la calma por el momento y confía en que el Ministerio de Sanidad solucione este conflicto, de lo contrario, advierte, tendrían que recurrir el futuro Real Decreto ante el Tribunal Supremo. Y este no es el único escollo que tiene que salvar este borrador, ya que el presidente del CGE recuerda que es imprescindible dictar otra norma que avale la recopilación de datos por parte de los Consejos Generales de las profesiones sanitarias, algo recogido ya en la LOPS pero que en los últimos diez años no ha sido atendido por la Administración central. De no solucionarse esta cuestión, los Consejos no pueden solicitar los datos a los colegios provinciales. En esta línea, González Jurado recuerda que los órganos nacionales de colegiación solo cuentan con “censos de colegiados”, y no con los diversos ítems que establece como necesarios el proyecto del registro de profesionales.
Por otro lado, el presidente del CGE considera “muy necesario” un proyecto que, previsiblemente y según las expectativas ministeriales, verá la luz antes de que acabe el año.