"Graves perjuicios" a la asistencia por el desajuste sanidad pública-mutuas

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta sobre que la falta de coordinación entre el Sistema Nacional de Salud (SNS) y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social “supone graves perjuicios” tanto a la propia Seguridad Social como a “la asistencia a la salud de la población”. En un informe firmado por el exsecretario de Estado de Economía Social del PSOE Octavio Granado, se defiende, en la misma línea, el modelo que permite que un trabajador sea atendido por una mutua “cuando esta pueda hacerlo mientras que el sistema público de salud tenga sus servicios saturados”.

En el informe, titulado La incapacidad temporal, ausente en los documentos sobre la reforma del sistema de pensiones, se acude a un ejemplo reflejado en el Informe sobre Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes publicado por la Asociación de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT), en el que se indica que, “en similares procedimientos traumatológicos y osteoarticulares”, la atención dura una media de 41,08 días cuando un paciente es atendido por una mutua y de 67,78 cuando la atención la recibe del SNS.

La referencia a los casos de procesos traumatológicos no es baladí en tanto en cuanto coincide con las intenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar la colaboración con mutuas para que estas gestionen casos de Incapacidad Temporal (IT) por esta clase de patologías.

En abril, la titular del departamento, Elma Saiz, avanzó que el acuerdo con los sindicatos y la patronal, dentro de la Mesa del Diálogo Social, para hacer efectiva la medida estaba “muy cerca” de alcanzarse. En cualquier caso, desde CCOO se trasladó a Redacción Médica que sólo se aceptaría esta circunstancia en casos que se estén alargando más de lo debido “y siempre que sea el médico público de la Atención Primaria el que lo prescriba y haga el diagnóstico”.

Hándicaps de la sanidad pública frente a las mutuas

En el informe de Fedea, Granado sostiene que la “ausencia de relación” entre “los servicios sanitarios de las mutuas y los departamentos de los sistemas públicos de salud” resulta “indefendible”. “Los servicios de las mutuas tienen mucha más experiencia que algunos de los sistemas públicos de salud”, arguye.

El exsecretario de Estado de Economía Social lamenta, además, que la sanidad pública “engulle vorazmente todos los recursos financieros que recibe” y que, “con frecuencia, no define comportamientos que ayuden a obtener una mayor rentabilidad social o una mayor eficacia o eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Además, según Granado, “su carencia de profesionales se convierte en un problema para las empresas, para el mercado de trabajo y para la actividad económica en general” en la medida en la que “posibilita el crecimiento de los abusos” en el cobro de prestaciones por IT “en el sistema de control del abuso de la Administración y de las entidades colaboradoras”, algo que “favorece un crecimiento perverso del gasto”.

Sin embargo, en el informe no se reniega de la atención sanitaria pública, sino que se reconoce las “fortalezas” que aporta al Estado del Bienestar español. “Por esta razón, sería razonable el definir las propuestas de colaboración en el ámbito de dos sistemas -el público y el de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social- que tienen lógicas cercanas pero no coincidentes, y buscar los puntos de conexión que permitan colaborar en la mejora conjunta”.