¿Debe replantearse Cataluña su modelo sanitario?

Muchas voces se han alzado estos días para denunciar el peligro que podría estar corriendo el sistema sanitario catalán. Un modelo único en España, que integra en una misma red centros públicos y concertados desde hace más de 35 años y que el actual consejero de Salud, Antoni Comín, ha calificado de “excelente”. Sin embargo, su decisión de expulsar del Siscat al Hospital General de Cataluña y a la Clínica del Vallés (y hay quien incluye en esta lista al Sagrado Corazón) ha puesto un interrogante sobre el futuro de la sanidad autonómica.

Las dudas generadas quedaron patentes durante la última reunión del Consejo Ejecutivo del CatSalut, donde se aprobó esta medida gracias a la mayoría del Gobierno catalán en el órgano con el apoyo de UGT y el Consorcio de Salud de Cataluña (CSSC). La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Unión Catalana de Hospitales votaron en contra y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, el sindicato CCOO y dos de los representantes de los pacientes se abstuvieron en la votación. ¿El motivo? Que Comín no supo darles datos sobre qué pasará con las personas que utilizan los servicios de los dos centros hospitalarios (en 2014, la Clínica del Vallés recibió 2.573 derivaciones para operaciones quirúrgicas y el HGC, 663) o con los trabajadores que podrían perder sus puestos (más de 200 personas según los sanitarios).

Los conciertos, un motor en la sanidad

Aunque no genera tanto volumen asistencial como el que puede tener la sanidad pública o la privada en Cataluña, los conciertos también suponen un importante motor en el sistema de salud autonómico, principalmente, porque ejercen de nexo para el buen funcionamiento de ambos sectores.

El presidente del IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor.

Y para demostrar su relevancia, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha puesto sobre la mesa los últimos datos que baraja sobre la concertación sanitaria catalana. Este tipo de colaboración consume el 17 por ciento del gasto sanitario en la región, o lo que es lo mismo, 2.386 millones de euros al año. Una cifra que contrasta con el 32 por ciento que consumen los centros gestionados única y exclusivamente por entidades privadas (4.450millones de euros) y con el 51 por ciento que genera la red pública de hospitales en la región (7.094 millones de euros).

La distribución de los hospitales en el Siscat también deja una fotografía clara de la incidencia de los conciertos sanitarios en esta comunidad: de los 211 centros sanitarios distribuidos por toda la comunidad, 32 están suscritos bajo el modelo de concierto, 114 son privados y 65, públicos.

Con este informe de situación, el IDIS ha hecho un frente común para defender el modelo de colaboración público-privado existente en Cataluña en las últimas décadas. La entidad que preside Adolfo Fernández-Valmayor insta a la Generalitat a mantener la unión entre ambos sectores, a través de “marcos estables y previsibles” que permitan alcanzar los objetivos de salud planteados que beneficien al paciente.

La región que más dinero destina a conciertos

Cataluña es la región que más recursos destina a la partida de conciertos, según evidencian los principales indicadores sanitarios publicados hasta el momento. Es la autonomía que, en términos absolutos y relativos, más dinero destina a este modelo, llegando a alcanzar los 2.386 millones de euros en los últimos años, lo que supone el 25 por ciento del gasto en salud de la comunidad, y siete veces más de lo que lo hace la media nacional (339.640 millones de euros en 2012). Tras ella le sigue Madrid, que invierte casi tres veces menos a los conciertos de lo que lo hace Cataluña (834.388 millones de euros); Andalucía, (460.375 millones de euros); y Comunidad Valenciana (376.618 millones de euros). Al otro lado de la balanza se sitúan Cantabria (31.266 millones de euros), La Rioja (33.845 millones de euros) y Navarra (67.101 millones de euros) como los territorios donde menos se apuesta por esta forma de colaboración público-privada, económicamente hablando.

“No aprovechar la contribución del sistema de colaboración en sus diferentes fórmulas para ayudar a soportar la presión social y financiera supone ahondar en la separación de todo lo concerniente a lo público y lo privado”, indica esta organización. “Algo que, con la deriva demográfica, los problemas asociados de cronicidad y las necesidades que genera la innovación constante, supondría un perjuicio notable para nuestra sociedad, en contra de todas las tendencias que han implantado nuestros vecinos europeos. Un error que pagarían las nuevas generaciones”.

Más presión asistencial

El consejero Comín.

Pero, ¿de qué manera se perjudicaría a la sanidad catalana si apartara a la privada de la gestión? El IDIS lo tiene claro. Para empezar, las listas de espera experimentarían un incremento notorio –especialmente en patologías de alta complejidad-, lo que contribuiría a un aumento de la presión asistencial para los profesionales.

Esta situación repercutiría, dice el instituto, en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias y la calidad de las mismas.

Las áreas que más se conciertan en Cataluña son las relacionadas, principalmente, con la Atención Primaria, la Hospitalaria y la asistencia sociosanitaria. Sin embargo, especialidades como Odontología, Psiquiatría, Medicina del Trabajo o las intervenciones quirúrgicas, de diagnóstico por imagen o las hemodiálisis también concentran un importante número de pacientes derivados de la pública a la privada.

El General y la Clínica del Vallés, bajo la lupa 

En el caso concreto del General de Cataluña, la actividad asistencial pública que realiza hospital está en torno al 15 por ciento del total de pacientes que atienden, según indican fuentes de la Junta Facultativa del hospital. Aquí se llevan a cabo, por ejemplo, cirugías cardíacas, que cuestan la mitad que en el sistema público. Es precisamente este punto, el del ahorro, en el que existe una lucha de argumentos entre defensores y detractores de la expulsión de estos centros del Siscat. Si estos servicios los tiene que ofrecer la red pública, saturada en listas de espera y además mermada en recursos, ¿cómo dará respuesta a la población?

El problema aumenta en el caso de la Clínica del Vallés. Alrededor de la mitad de su actividad proviene del área pública, por lo que desde el centro ya han hecho cálculos: unos 80 trabajadores de los aproximadamente 200 empleados en la actualidad verían peligrar sus contratos. El número aumenta hasta los 100 o los 150 en el caso del Hospital General de Cataluña, que ahora mismo suma un total de 1.000 personas empleadas.

Cristina Contel preside la Asoociación Catalana de Entidades de Salud (ACES).

“Estos centros hospitalarios no llegan al 1 por ciento de la actividad total del sistema sanitario catalán, por mucho que diga la CUP”, afirma para ‘Revista Médica’ Jaume Padrós, presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña. El máximo dirigente de los facultativos asegura que se abstuvieron en la votación, no porque rechacen la salida de estos centros del Siscat, sino porque Comín “no ofreció las alternativas para los pacientes y los trabajadores”. Entre sus motivos, Padrós alega que según las explicaciones que ofreció el consejero, solo saldrían de la red los hospitales que ofrecen actividad ordinaria aunque seguirían complementando la actividad pública, por lo que, a su juicio, la decisión “no tendría efectos prácticos”.

Desde el Colegio de Médicos afirman que ya con el anterior consejero, Boi Ruiz, se les hizo llegar una serie de cambios que, “sin necesidad de invertir dinero, solo de redistribuirlo”, conllevaría mejoras en el sistema. “Si se adelgazan estructuras burocráticas para ponerlas al servicio de la Atención Primaria, que puedan gestionar su propio presupuesto y tengan una mayor capacidad resolutiva, está comprobado que disminuirían las listas de espera porque hace al sistema más operativo”.

Y aunque de momento la medida solo afecta a estos dos centros hospitalarios, hay quien apunta a que puede ser el comienzo del fin del modelo mixto catalán. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, advierte: “El 90 por ciento de las empresas en el Siscat son de origen mercantil. No se pueden permitir expulsar a todas, porque si no, el sistema se iría al traste”.

Elucubraciones aparte, lo cierto es que la medida de la Consejería de Salud ha significado que arda el polvorín del modelo catalán, defendido por muchos y odiado por otros tantos. Sus particularidades prometen dar mucha guerra en el departamento presidido por Comín, quien además de lidiar con la consejería con mayor presupuesto de Cataluña, debe tener en cuenta los acuerdos con la CUP en materia sanitaria y, al otro lado, los afectados por estas medidas, desde el ámbito privado a los usuarios. Un libro que, por lo que parece, aún solo tiene escritos los primeros capítulos.