Sanidad armoniza la detección de maltrato a niños con 'autocuidado' médico

Las autoridades españolas recibieron en 2021 más de 21.500 alertas de violencia hacia niños, niñas o adolescentes, lo que supone un aumento considerable de hasta el 37 por ciento respecto al año anterior. La experiencia a nivel internacional hace presagiar, por otro lado, que la cifra real es aún mayor. Ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia, que acaba de cristalizar en un nuevo protocolo común de actuación frente a esta lacra dirigido a profesionales sanitarios. 

El protocolo sanitario de violencia a niños, niñas o adolescentes ahonda en la necesidad de promocionar el buen trato a menores “en cualquier momento del proceso asistencial”, lo que precisa de la “preparación y formación” de los profesionales sanitarios, el desarrollo de sus habilidades y competencias. También de su “autocuidado” como profesionales, “dada la carga emocional negativa que supone detectar y actuar en situaciones de violencia durante la infancia y adolescencia”.

Para la valoración inicial de violencia en niños, niñas y adolescentes, el documento establece que la atención “debe estar centrada en el interés del menor por encima de cualquier otra consideración”, de forma que se respete su dignidad, intimidad y derecho a la participación. Esto implica, entre otras actuaciones, preguntarle si prefiere ser atendido por una mujer u hombre, o una persona más joven o de más edad.

“Es imprescindible coordinar la participación de las y los profesionales implicados, tanto en la valoración como en la asistencia, y garantizar una valoración y exploración completas, siendo ideal un acto único y llevado a cabo lo antes posible, respetando los tiempos pautados por el NNA (niño, niña o adolescente)”, añade.

Tras la entrevista sería necesario considerar una exploración clínica detenida y completa, coordinada con los especialistas si procede, que “debe llevarse a cabo en un ambiente tranquilo y con la mayor prontitud posible”. “Deberán coordinarse las actuaciones de los diferentes especialistas intervinientes, incluyendo al médico forense, para evitar la repetición de exploraciones, y que el número de exámenes sea el menor posible y estrictamente necesario para evitar una posible victimización secundaria”, recoge el informe.

Además, será necesario cuidar la interacción con las personas responsables. Las personas que cuidan y/o acompañan al NNA pueden ser un apoyo importante, pero también pueden ser la persona causante, haber permitido el maltrato o sentirse impotente para detenerlo.

Dos procedimientos para la detección de violencia infantil

En caso de detección de violencia, se puede abrir el procedimiento de urgencia (si existe riesgo vital o de desprotección), pudiendo incluso contactar con las Fuerzas de Seguridad en caso necesario. “En estos casos, la valoración tendrá que ser somera si la situación clínica del NNA lo permite, para no entorpecer el interrogatorio, exploración y la toma de muestras adecuadas que se realizarán en el ámbito hospitalario”.

Por otro lado, el procedimiento ordinario se inicia cuando no existe un riesgo vital físico o emocional, sino dudas diagnósticas “que precisan de una valoración más pausada y trabajo interdisciplinario”.

La detección de violencia implica, por parte del personal sanitario, de la obligación de comunicación inmediata a los servicios sociales competentes. “Además, cuando dicha violencia pudiera comprometer la salud o la seguridad del NNA se debe comunicar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad y/o al juzgado de guardia o ministerio fiscal”, subraya.

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Los menores de madres maltratadas y adolescentes que sufran sumisión química serán atendidos como víctimas de violencia infantil

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Ante la sospecha o confirmación de violencia, es muy importante observar y registrar en la historia clínica toda la información recogida en la anamnesis (qué dice y cómo lo dice) y la exploración clínica (tipo de lesión, localización, data de las lesiones, cómo se ha producido...). "Se registrará el episodio de violencia utilizando la codificación establecida en cada CCAA hasta disponer de unos criterios comunes a nivel nacional tal y como se especifica en el apartado de registro en la HC, y garantizando la confidencialidad según la legislación vigente".

Asimismo, se establece que los hijos menores de madres maltratadas, así como los adolescentes que sufran sumisión química o pinchazos, "serán atendidos como víctimas de violencia infantil" en todos los niveles asistenciales del sistema sanitario, de acuerdo al protocolo de que ha diseñado el Ministerio de Sanidad con las comunidades.

Datos de violencia a niños y adolescentes en España

Según los datos de los que dispone el Ministerio de Sanidad, recopilados del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), en 2021 hubo 21.521 notificaciones de sospecha de maltrato hacia menores de edad. La mayoría de las víctimas, aunque por poco, fueron varones (51,34 por ciento).

La forma más común de violencia hacia niños y adolescentes en España es la negligencia, que representa el 42,75 por cientos de los casos. Esta consiste en la desatención o abandono de las necesidades básicas del menor, así como de su desarrollo y bienestar. La segunda mayor causa de maltrato es la emocional, como el desprecio o la marginación (30,75 por ciento), seguida de la física (19,91) y la sexual (9,59). Esta última, aunque sea menos frecuente, “ha sufrido un aumento del 133,66 por ciento” respecto a 2020, según el estudio.

“En todos los tipos de violencia se notifican más sospechas en el sexo femenino que en el masculino, salvo en el de negligencia donde el mayor número de notificaciones corresponden al sexo masculino”, añade. Siete de cada diez víctimas tienen nacionalidad española, y más de la mitad son adolescentes de 11 a 17 años. Eso sí, los autores del informe inciden en la complejidad de la detección de violencia en niños de hasta seis años.