El Ministerio sondea blindar al sanitario como autoridad vía Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad blindará la protección del personal sanitario ante agresiones en el Estatuto Marco. La medida, actualmente en fase de negociación, busca reconocer explícitamente a estos profesionales como “autoridad pública” para reforzar su seguridad en el ejercicio de sus funciones.
 
Los sanitarios llevan años reclamando una mayor protección ante el aumento de las agresiones tanto en las consultas como en la atención domiciliaria. Una de las más recientes tuvo lugar el pasado lunes tres de febrero, tras el apuñalamiento de un enfermero en el Hospital A Coruña, un incidente que ha sido condenado por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien publicó en su perfil de X (antes Twitter) la intención de su administración de avanzar en este reconocimiento con el fin de “reforzar la seguridad de quienes nos cuidan”.

“Toda mi solidaridad con el enfermero apuñalado en el Hospital A Coruña, afortunadamente fuera de peligro. La violencia contra los profesionales sanitarios es inaceptable. Por eso vamos a reconocerles como ‘autoridad pública’, reforzando la seguridad de quienes nos cuidan”, ha publicado la ministra.

Sanitarios como agentes de seguridad

La protección de los profesionales sanitarios no es una iniciativa nueva. Ya en 2015, una reforma del Código Penal aprobada en el Congreso de los Diputados estableció que agredir a médicos o profesores en el ejercicio de sus funciones constituía un atentado contra la autoridad, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel. Exactamente el artículo menciona lo siguiente: 

“Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos”.

“Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.

La aprobación de esta reforma, según señaló CSIF en su momento, supuso la equiparación de más de 570.000 funcionarios docentes, 115.000 médicos y 165.000 enfermeros del Sistema Nacional de Salud, así como fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales sanitarios a otros empleados públicos ya protegidos por esta normativa.

Protección de sanitarios contra agresiones

Con el fin de reforzar esta premisa, fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a este medio que la protección del personal sanitario será incorporada en el Estatuto Marco, aunque la medida aún se encuentra en proceso de negociación. “Esto era una demanda de todos los sanitarios para que se reconociera de forma específica. Va a salir adelante porque hay consenso, pero sigue en negociación”, explican.

Al igual que el Código Penal, esta medida equipara la protección del personal sanitario con otros colectivos que ya cuentan con este reconocimiento, lo que facilitaría la aplicación de sanciones más severas en caso de agresión. 

¿La protección a sanitarios incluye a los residentes?

Uno de los puntos que genera dudas es la situación de los residentes, tanto MIR, como EIR, PIR… En este caso, desde el Ministerio aclaran que el Estatuto solo se refiere al personal estatutario, no a los residentes. “En ese caso, su situación sería como la de cualquier estudiante en formación: hasta que no se conviertan en personal estatutario, no se les aplicaría este reconocimiento”, matizan.

Es por esto que, desde 2020, sindicatos como CCOO ya han traslado al Ministerio la necesidad de avanzar en esta materia para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en formación. Entre las peticiones que el sindicato elevaba al Ministerio se encontraba la equiparación de derechos y beneficios con los estatutarios.

En concreto, la organización sindical pedía cambiar los artículos cinco y seis del Real Decreto que regula la relación laboral del personal en formación en Ciencias de la Salud para equiparar las condiciones de los residentes a las de los profesionales estatutarios y eliminar las disposiciones transitorias que consideran “obsoletas”.

Desigualdad en la protección de sanitarios públicos y privados

Otra de las diferencias más significativas en la protección de los profesionales sanitarios radica en su lugar de trabajo. Mientras que aquellos que desempeñan su labor en el SNS cuentan con la categoría de autoridad pública según el Código Penal (y próximamente el Estatuto Marco), los que lo hacen en el sector privado carecen de esta consideración. Esto implica una disparidad en la protección jurídica frente a agresiones.

Desde el ámbito del Derecho Sanitario, se critica esta diferencia, argumentando que, dado que ambos grupos realizan la misma función y están expuestos a los mismos riesgos, deberían ser equiparados en términos de protección.

El artículo 24.2 del Código Penal que reconoce como autoridad a los funcionarios públicos por nombramiento de autoridad competente no se extiende al personal de la sanidad privada. Según explicaba en su momento Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, esta laguna legal supone una “clara desigualdad” en la protección de los sanitarios que, pese a tener una situación profesional distinta, prestan un servicio público con los mismos riesgos.

Médicos de prisiones como agente de autoridad

Uno de los avances más recientes en cuanto a la protección y reconocimiento de los profesionales sanitarios se llevó a cabo el pasado mes de noviembre, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley para reforzar la consideración de los médicos y enfermeros de prisiones como agentes de autoridad.

Medidas impulsadas tanto por el Partido Popular, como por el PSOE, buscan garantizar la protección de estos profesionales, que enfrentan condiciones laborales complejas debido a la salud mental y adicciones de muchos reclusos. La aprobación de esta ley permite que los profesionales del ámbito penitenciario sean indemnizados si sufren agresiones, en línea con lo estipulado por el Código Penal.

Agresiones en el SNS en 2023

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, durante 2023, se notificaron un total de 14.706 agresiones en el conjunto del SNS. Esta cifra supone 24,05 notificaciones de agresiones por cada 1.000 profesionales, 4 puntos más con respecto a los datos notificados del año 2022.

La mayoría de los ataques (el 78 por ciento) son recibidos por mujeres, ya que son un 76 por ciento de los profesionales del SNS. Por otra parte, el 52 por ciento de las notificaciones sitúan a las personas agredidas en el rango de edad de los 35 a los 55 años.

A nivel asistencial, en Atención Primaria y extrahospitalaria se notificaron 46,80 agresiones por cada 1.000 profesionales, mientras que en Atención Hospitalaria se notificaron 17,37. Esto se traduce en una tasa de notificación de agresiones 2,7 veces superior en AP y extrahospitalaria.