Eduardo Ortega Socorro. Madrid
María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía.
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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía ha vuelto a suspender de forma provisional la subasta de equivalentes terapéuticos regionales, por las mismas razones por las que ya lo había hecho en 2013, según una resolución a la que ha tenido acceso Redacción Médica.
De esta manera, el tribunal adopta la medida provisional de suspensión solicitada por Roche, la Asociación Andaluza y la Federación Española de Hemofilia, Amgen, Baxter, Biogen Idec, Merck, Lilly y la patronal de bioempresas Asebio. Y por una razón similar a la de hace un año: “La continuación del procedimiento de adjudicación del citado acuerdo marco podría dificultar el cumplimiento de una eventual resolución estimatoria de los recursos interpuestos.”
Por ello, el tribunal considera que si continuara la tramitación “podría formalizarse el acuerdo marco e iniciarse su ejecución, por lo que una eventual estimación del recurso obligaría a retrotraer las actuaciones, dejando sin efecto actos declarativos de derechos para las eventuales empresas adjudicatarias y lo que es peor aún, provocando la posible interrupción del tratamiento para los pacientes a quienes se estuvieren dispensando los principios activos que se pretenden seleccionar a través de la adjudicación del acuerdo marco”.
Con todo, y de nuevo, “la suspensión acordada no afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas en el procedimiento de adjudicación”.
De esta manera, se repite la ‘novela’ de la subasta de equivalentes terapéuticos andaluces, que ya tuvo lugar durante 2013 y que terminó con la anulación del concurso regional en 2014.
Reacción de Farmaindustria
Por otro lado, el mismo día que el TARC ha informado de su decisión, Farmaindustria ha anunciado, en un comunicado, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la subasta de equivalentes en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, y ha valorado la decisión judicial "muy positivamente".
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