Los asesores de financiación farmacéutica urgen a 'reorientar' el sistema

El Comité Asesor de la financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAPF) ha compartido una serie de recomendaciones que deben regir el sistema de regulación y fijación del precio de los nuevos medicamentos y el de su financiación pública para "mejorar la situación actual". Algunas medidas ya están en marcha y otras son completamente novedosas. Con todo, las mismas solo afectan a medicamentos en período de exclusividad, es decir, en monopolio legal, dejando fuera genéricos y biosimilares.

Las recomendaciones están divididas en siete apartados diferentes e incluyen desde aspectos relacionados con los principios de buen gobierno y éticos, a propuestas concretas en el ámbito del sistema de intervención de precios, así como criterios de financiación pública, fijación de precios, gestión y organización de información y recuros.

A nivel general, los expertos del comité piden que estos parámetros sean regulados conforme a las disposiciones reglamentarias de desarrollo y guías técnicas, "de modo que se reduzcan al máximo los márgenes de interpretación, arbitrariedad y litigiosidad y se consiga un alto nivel de seguridad jurídica". Además, recomiendan "seguir mejorado la transparencia de los sistemas, procesos y decisiones de intervención de precios y financiación de los medicamentos". En este sentido, reclaman que se publiquen las órdenes del día y actas de los órganos de decisión y estudio y evaluación técnica en "una web accesible para toda la población", excepto cuando razones de salud pública, seguridad o violación de derechos de terceros lo desaconsejen.  

Asimismo, destacan que "se debe impulsar la incorporación de la opinión del paciente/ciudadano en las decisiones y en los órganos pertinentes de evaluación", así como se aconseja impulsar y recoger en la regulación el peso y participación de las comunidades autónomas en las decisiones y en los órganos pertinentes, garantizando la coordinación entre ellas y el Gobierno.

En cuanto al sistema de intervención de precios, se recomienda que para la misma "se utilice una combinación de los modelos recomendados por la ciencia económica, las mejores prácticas de otros países y la experiencia española". En este punto, concretan que se puede emplear como criterio base el beneficio clínico adicional relevante, que incluya la salud percibida por el paciente, y la incertidumbre en torno a este beneficio.

Los precios y otras posibles fórmulas de pago se pueden justificar mediante los análisis de la eficiencia y la evaluación económica se acompañará de un análisis del impacto presupuestario y su incertidumbre. Igualmente, indican que se deben utilizar los precios practicados en otros países como información complementaria. Y en medida de lo posible, valorar también los costes que sean justificables, entre ellos los de investigación, desarrollo, producción y comercialización, así como las fuentes de financiación de los mismos.

En materia de financiación pública de los medicamentos, se recomienda la revisión y definición de los criterios de inclusión, además de los de no inclusión y exclusión. E incorporar como "criterios prioritarios" el beneficio clínico adicional relevante (incluyendo la perspectiva del paciente), la evaluación de la eficiencia, el impacto presupuestario y la incertidumbre. 

Por otro lado, detallan que, dentro de los criterios y disposiciones comunes a la intervención de precios y la financiación pública de los medicamentos, se deben valorar los siguientes indicadores: beneficio clínico adicional; incertidumbre (bajo factores de seguridad, eficacia y otros resultados en términos de salud y calidad de vida); acuerdos de precio y financiación pública especiales y flexibles; eficiencia e impacto presupuestario; fomento de la competencia en el mercado y resiliencia, diversificación y seguridad de las cadenas de suministro.

Criterios de gestión y organización de la información

En lo que se refiere a la gestión y la organización de la información, el CAPF recomienda utilizar los instrumentos de la gestión, como indicadores cuantitativos y cualitativos, a través de cuadros de mando. No obstante, reconoce que para ello se necesitaría mejorar los recursos tecnológicos y conseguir apoyo externo.

Además, piden que se unifique en un solo informe de posicionamiento terapéutico (IPT) toda la información farmacoclínica y farmacoeconómica que sirva como base de referencia para las decisiones de precio y financiación y que éste sea "de carácter público e incorpore, de forma análoga a lo que ya se está llevando a cabo, las decisiones de precio y financiación y sus condiciones, así como el posicionamiento final del medicamento".

El CAPF recomienda también "reforzar el liderazgo del Ministerio de Sanidad". En este sentido, defienden que el departamento de la ministra Carolina Darias "debería seguir adoptando las decisiones concretas sobre precio y financiación pública de los medicamentos y liderando los informes correspondientes de posicionamiento terapéutico". En particular se propone desarrollar los equipos técnicos necesarios para "el pleno despliegue de la misión" y diseñar y aplicar métodos de incentivación.