Ricardo De Lorenzo, director del área jurídica de la Organización Médica Colegial (OMC) y expresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).
Las
agresiones a profesionales sanitarios siguen presentes en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) y las comunidades autónomas pueden tener la llave para acabar con ellas o, por lo menos,
reducirlas. Para luchar contra esta 'lacra', en 2015 se reformó el Código Penal, que pasó a reconocer a los sanitarios como 'autoridad pública', un hecho que marcó un antes y un después en el SNS, ya que otorgó
una mayor protección jurídica a sus profesionales.
¿Cómo influyó esta modificación? Básicamente, los atentados a una 'autoridad' están castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y con multas de tres a seis meses. Sin embargo, sin este reconocimiento, el castigo se reduce de
seis meses a tres años de prisión, por ejemplo.
Aunque ese movimiento legislativo fue un punto de inflexión en el SNS, todavía se pueden tomar numerosas medidas y, así,
blindar a los sanitarios frente a las agresiones que, actualmente, es uno de los principales retos de las regiones. Aun así,
sus competencias tienen límites.
El marco competencial de las CCAA tiene límites
Y es que el marco competencial autonómico se acaba en el
ámbito penal. "Donde no pueden actuar es en la legislación penal, que es competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.6 de la Constituación Española", recuerda en
Redacción Médica Ricardo De Lorenzo, director del área jurídica de la
Organización Médica Colegial (OMC).
Al final, el reconocimiento como 'autoridad pública' es una figura jurídica que deriva del ámbito penal y administrativo estatal. No obstante, las regiones sí que tienen un amplio margen de actuación para reforzar ese reconocimiento desde los
ámbitos administrativo, laboral, organizativo y preventivo.
De esta forma, pueden actuar, concretamente, en sanidad,
función pública, organización de sus servicios y en
prevención de riesgos laborales, pudiendo tomar decisiones dentro de ciertos márgenes. De hecho, "ya se han aprobado leyes autonómicas que reconocen a profesionales sanitarios como 'autoridad pública', o los refuerzan en el ejercicio de sus funciones, como Madrid, Andalucía, Cantabria, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón", afirma el que fuera presidente de la
Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).
Legislativamente, esas competencias están recogidas en el artículo 148.1.21ª de la Constituación Española. Además, De Lorenzo apunta que "la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas está claramente delineada en los
Artículos 148 y 149 de nuestra Constitución". "Para las CCAA de autonomía plena, estas competencias constituyen un mínimo, superable a través del artículo 149 CE. Para las CCAA de autonomía gradual,
suponen el máximo competencial", añade.
Agresiones a sanitarios en el Sistema Nacional de Salud
Son los acontecimientos de los últimos meses los que han motivado a muchas autonomías a blindarse ante las
agresiones a sanitarios. Las más afectadas suelen ser las facultativas mujeres, de entre 35 y 55 años, con 11.478 ataques, especialmente en
Atención Primaria y extrahospitalaria, seguidas de 4.372 en
Enfermería.
Un ejemplo de actuación en este sentido es la nueva
Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que fue aprobada por el Parlamento regional
el pasado mes de marzo. Concretamente, la norma recoge la modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria de Cantabria. Así, el Gobierno pretende considerar al personal del Sistema Sanitaria Público de Cantabria como 'autoridad pública', con el fin de procurar el respeto que les es debido en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, "para alcanzar una convivencia adecuada, gozando de la protección reconocida a tal condición por la
legislación vigente".
Por su parte, la Xunta de Galicia ha anunciado que
reformará su Lei de Saúde. Aunque el Ejecutivo ya tomara medidas anteriormente tras lo sucedido en el
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y en
Muxía, con esta renovación incorporará en la norma un parquete de medidas para proteger a los profesionales del
Servizo Galego de Saúde (Sergas) frente a cualquier tipo de agresión física o verbal.
Entre las principales novedades del texto normativo gallego se encuentra la capacidad de la Administración para
sacionar al agresor "aunque finalmente se considere que no hay infracción penal". De esta forma, el Gobierno autonómico respetará el marco competencial estatal y aprovechará sus 'armas' desde el ámbito administrativo.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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