Redacción. Madrid
Izquierda Plural ha pedido al Gobierno que actúe frente a los precios “desproporcionadamente elevados” de los nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C y le ha instado a que permita a otros laboratorios producir sofosbuvir (medicamento comercializado por Gilead bajo el nombre de Sovaldi) o, de no ser posible, a que expropie la patente.
Gaspar Llamazares.
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Así lo ha planteado este grupo parlamentario en una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que contacte por un periodo de treinta días con los laboratorios que quieran conseguir una “licencia obligatoria” para fabricar ese genérico.
Por licencia obligatoria se entiende el permiso que da un Gobierno para producir un producto patentado o para utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente, que puede continuar la producción. Es un mecanismo que introduce flexibilidad en lo que respecta a la protección de las patentes, según argumenta el grupo parlamentario.
La licencia obligatoria está prevista específicamente para los medicamentos en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a ella han recurrido países como India o Brasil.
Objetivo: garantizar el acceso al fármaco
Con esta iniciativa, la Izquierda Plural pretende garantizar el acceso a los nuevos fármacos a los enfermos de hepatitis C, tras los problemas generados a miles de ellos debido a “los elevados precios pactados entre el Gobierno y la multinacional Gilead”.
“No podemos consentir -alega Izquierda Plural- que la especulación se imponga al derecho a la salud de las personas que padecen hepatitis C, porque estos enfermos tienen derecho a que la sanidad pública les provea de los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad”.
El grupo parlamentario denuncia que “los tratamientos son muy costosos por la libertad que tienen los laboratorios para fijar sus precios”, cuando, “en realidad, el coste de producción de estos agentes antivíricos son relativamente bajos”.
Así, según señala la proposición, “fabricar sofosbuvir (Sovaldi) apenas supera los 100 euros, pero en España se ha negociado un precio de 25.500 euros”.
Este precio, según Izquierda Plural, “no se corresponde con el coste de fabricación y con las retribuciones a años de inversiones e investigación y desarrollo”, sino que “responde a una política empresarial inaceptable que calcula el precio según la renta de los países y del potencial número de medicamentos a vender”.
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