El comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis.
España es el país de la
Unión Europea que aplica las
multas más elevadas a los delitos por
falsificación de medicamentos, según consta en un informe de la
Comisión Europea publicado este viernes, en el que se especifica que pueden alcanzar el
millón de euros en los casos más graves.
El
estudio publicado por el Ejecutivo comunitario se centra en la aplicación de
sanciones contra aquellos
delitos cometidos por personas en la producción y distribución de
medicamentos falsos y muestra una "amplia" diferencia entre los Estados miembros.
Todos los países del bloque comunitario aplican multas, ya sean penales o administrativas, a estos delitos. Ocho países sólo cuentan con multas penales, mientras que otros
siete solo imponen sanciones administrativas. España forma parte del grupo de 13 países en los que se contemplan multas de los dos tipos.
Las multas varían desde los 4.300 euros en Lituania hasta el millón de euros que se puede llegar a imponer en España. Tras España, República Checa y Francia son los socios europeos con mayores multas (775.000 y 750.000 euros, respectivamente).
Reino Unido, por su parte, no introduce un límite máximo concreto.
Solo para casos muy graves
En el caso de España, no obstante, la cuantía de las multas depende del delito y únicamente se impone la máxima pena a aquellos delitos considerados "muy graves", indica el estudio.
Por otro lado, las
penas de prisión por falsificación de medicamentos oscilan entre un año (en Suecia, Finlandia y Grecia) y 15 años (en Austria, Eslovenia y Eslovaquia). En España la pena por este delito es de cuatro años.
"Aunque el informe publicado hoy señala que las medidas adoptadas por los Estados miembros son satisfactorias,
las sanciones sólo son efectivas si se aplican correctamente. Los medicamentos falsos pueden matar, por lo que insto a todos los países europeos a que garanticen que los criminales que falsifican medicamentos sean castigados", ha pedido el comisario de Salud, Vytenis Andriukaitis.
Este informe tiene el objetivo de examinar el cumplimiento de la directiva europea que pide a los Estados miembros sanciones "proporcionadas, efectivas y disuasivas" para aquellas personas involucradas en la producción y distribución de medicamentos falsos.
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