La temida avalancha de denuncias de sanitarios eventuales se queda en nada

Si algo ha marcado el presente reciente de la sanidad en España han sido las diferentes disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en favor de los empleados temporales. En concreto, hace un año, la Justicia europea, apoyando el principio de no discriminación, dictaminó que este colectivo que, de facto ocupa un puesto estructural, tiene derecho a cobrar una indemnización por despido. Esta sentencia tenía el principal objetivo de acabar con los contratos fraudulentos, especialmente en sanidad, uno de los sectores más afectados de la Administración.

En un principio se pensaba que esta situación supondría un verdadero caos para España, ya que no solo se enfrentaba a una avalancha de demandas por parte de estos sanitarios, sino también a indemnizaciones millonarias a las que hacer frente. Tanto es así que, hace un año, expertos juristas aseguraban que indemnizar a estos eventuales (se calculan que están en esta situación 170.000 personas) le hacía un ‘roto’ al país de 4.000 millones de euros.

Sin embargo, y según indican fuentes sindicales a Redacción Médica (las encargas de liderar, en cierta medida, estas demandas), las previsiones se han ‘desinflado’ bastante, y tanto el número de denuncias como el importe de las mismas no es tan catastrófico. “No ha supuesto una hecatombe”, manifiestan.

‘Tanteando’ las diferentes opciones, tanto judiciales como administrativas

Tanto CSI-F como Comisiones Obreras acuerdan en señalar que “no se han interpuesto miles de demandas”, como se espera en un primer momento, sino todo lo contrario. Y no se ha hecho, principalmente, porque estas cuestiones se resuelven por lo contencioso-administrativo y eso supone un coste en caso de no ganar el juicio. Un coste, recuerdan estas organizaciones, que tiene que ser asumido por ellas de manera completa al ser las encargadas de liderar la defensa de los sanitarios que requieren sus servicios.

Por ello, para evitar pérdidas económicas masivas en caso de que la sentencia no sea favorable, los sindicatos “están tanteando” las diferentes vías -tanto judiciales como adminitrativas- que hay para poder resolver favorablemente los juicios de sus representados.

En concreto, en el caso de las judiciales, ambas organizaciones han seguido hasta dos estrategias diferentes para defender al sanitario en esta situación. La primera está relacionada con el personal interino que ha encadenado contratos de trabajo. En este caso, se pelea para que la Administración le convierta en indefinido no fijo, es decir, una nueva figura laboral que implica que el profesional puede seguir ejerciendo de manera estructural pero sin tener la propiedad de la plaza, que deberá ganársela en oposición o podrá ser susceptible de perderla si la consigue otra persona. 

La otra circunstancia tiene que ver cuando el profesional eventual demuestra que el titular que tiene la plaza está en excedencia y ejerce en la sanidad privada. En ese caso, se exige a la Administración que se le asigne este puesto de trabajo. 

No obstante, y a pesar de tener una estrategia judicial para solventar estos casos, los sindicatos también 'tiran' de la vía administrativa, como negociar con el Gobierno la convocatoria de una 'mega OPE' en sanidad de más de 140.000 plazas. Esto permite no recurrir tanto a la Justicia, sino resolver estos asuntos por otros cauces. Tanto es así, que desde que se conoció la sentencia del TJUE, CSI-F solo ha interpuesto 1.000 demandas a nivel general de todos los sectores, de las cuales, un tercio corresponderían a sanidad.