La sentencia señala la falta de medidas de protección en la primera ola de la pandemia.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha comunicado que
presentará un recurso de súplica contra la condena interpuesta por un juzgado de Alicante que le obliga a
indemnizar al personal facultativo por infringir la normativa de prevención de
riesgos laborales durante la primera ola de la crisis sanitaria por Covid-19.
En concreto, la sentencia hace referencia a la
falta de medios de protección que sufrieron los médicos de la Comunidad al principio de la pandemia de coronavirus. Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la
Consejería de Sanidad a abonar a cada uno de los trabajadores cuantías que oscilan entre los 5.000 euros y los 49.180 euros, para los sanitarios que precisaron hospitalización. Se suman además el grupo aislado por contacto, que recibirá unos 15.000 euros, y los contagiados sin ingreso hospitalario, que recibirán unos 35.000 euros.
Así, desde el Juzgado de lo Social número 5, la sentencia estima parcialmente las pretensiones de los demandantes, que alegaban que la
administración incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma declarado por real decreto de 14 de marzo "con grave riesgo para la seguridad y la salud del personal sanitario".
Según ha señalado el presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, la sentencia se recurrirá para "
defender el interés general de los valencianos", tras mostrar su respeto al fallo, y ha recordado que ya pidió en nombre del gobierno valenciano un "perdón público" a los sanitarios por la falta de material durante la primera ola.
En este sentido, Puig ha subrayado que “en ese momento determinado
no tuvimos todos los recursos necesarios en una pandemia sobrevenida en la Comunitat y en toda España y Europa, y la reacción del gobierno valenciano fue inmediata". Así, la Puig ha insistido en que "nadie podía pensar la
magnitud de esta pandemia", ha defendido la presentación del recurso siguiendo los cauces judiciales y con el objetivo de que "prime el interés general".
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