“Los conflictos éticos de los médicos en el ámbito penitenciario son dramáticos”

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El trabajo ‘El consentimiento informado en el ámbito penitenciario’, cuyo autor es Julio García Guerrero, vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España y presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Castellón, ha sido el ganador del II Premio Nacional de Derecho Sanitario, galardón que está patrocinado por la Fundación AMA y la Fundación De Lorenzo.

Julio García Guerrero.

El consentimiento informado conlleva variaciones dentro del entorno penitenciario, puesto que “en los casos extremos en los que está en peligro la vida de la persona privada de libertad no se le deja elegir su opción, aunque sea perfectamente capaz y competente para hacerlo”, como ha explicado García Guerrero a Redacción Médica.

Casos de huelgas de hambre o de rechazo a los tratamientos son los más frecuentes en este sentido. La prevalencia de este tipo de hechos ronda los 11,9 episodios por cada mil internos y año. Según el autor, “el ámbito penitenciario es un mundo semiolvidado para la sociedad”, por eso su trabajo destaca por la novedad, la actualidad y la originalidad del tema abordado.

García Guerrero subraya que el ámbito penitenciario destaca “porque está absolutamente normativizado”, porque están presentes “las leyes que nos obligan a todos y las normas específicas” propias de la cárcel, además de las circulares e instrucciones propias de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Los conflictos éticos y deontológicos de los profesionales sanitarios que trabajan en este terreno “son permanentes”. Las circunstancias que rodean a los médicos en esta situación genera que haya choques “entre lo que dice la ley y la opinión de tu conciencia”, explica el ganador del II Premio Nacional de Derecho Sanitario. “Es un conflicto de doble fidelidad que muchas veces es dramático para el médico, porque hay que resolverlo en conciencia, muchas veces en contra de tus superiores jerárquicos”.

Así, García Guerrero considera que tanto el consentimiento informado, como la confidencialidad se erigen como los grandes escollos jurídico-sanitarios dentro de la prisión, puesto que hay múltiples organismos que quieren información sobre el preso, y este tipo de datos “no podemos darlo” lo que supone que algunos médicos recurran a la objeción de conciencia.

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Julio García Guerrero, premio nacional de Derecho Sanitario (29/01/15)