Servicios Sociales valora revisar el modelo de financiación de la dependencia

Enrique Pita. Madrid
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es a día de hoy sostenible y estable gracias a las reformas emprendidas por el Ejecutivo, han asegurado a Redacción Médica fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De hecho, una idea que se está instalando en el Paseo del Prado es la necesidad de repensar el modelo de financiación del sistema, pero siempre con la perspectiva de aumentar, no de menguar.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero (izq.), y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Según desveló el informe de fiscalización del SAAD del Tribunal de Cuentas de junio de este año, la Administración General del Estado aporta el 49,23 por ciento de la financiación de la dependencia que establece la norma. Sin embargo, hay un matiz importante: de ese total, el 19,71 por ciento son fondos finalistas, directamente dedicados a la dependencia; mientras que el resto, más del 29 por ciento, son recursos adicionales que el Gobierno aporta a las autonomías teniendo en cuenta la población potencialmente dependiente y las personas dependientes con prestación reconocida de cada una de ellas. El problema es que ese 29 por ciento (más de 2.470 millones de euros) son recursos no finalistas, por lo que aunque se supone que se dedican a personas dependientes, no necesariamente van destinados al SAAD.

Ante esta situación, el Ministerio ha comenzado a estudiar cómo mejorar la financiación del sistema. Una de las alternativas sería incluir un apartado específico para dependencia en una hipotética reforma del modelo de financiación autonómica, si bien esta vía parece complicada, ya que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido que aunque se reforme el modelo, lo que no habrá es más dinero disponible. Así, hay dos opciones que se antojan más factibles. Por un lado, incrementar la partida que aporta la AGE para el nivel mínimo, que en 2013 fue de 1.207 millones, o bien convertir en finalistas parte de los fondos que hoy no lo son.

El envejecimiento demográfico que experimenta el país, y que según todos los estudios e indicadores no hará sino incrementarse, supone un reto en muchos sentidos. Así, esta reformulación de la financiación serviría para hacer frente a un incremento de la población potencialmente dependiente y, previsiblemente, de las que serán valoradas con algún grado de dependencia.

Gasto autonómico en dependencia

Lo cierto es que calcular el gasto total exacto que hacen las autonomías en el SAAD se antoja complicado, o imposible. Según explicaba el Tribunal de Cuentas, las CCAA no establecen una nítida separación en los presupuestos de lo que dedican a la atención a la dependencia y lo que se destina a otros servicios sociales. Además, advierte de la falta de sistemas de contabilidad analítica para los gastos de la dependencia y los instrumentos necesarios para hacer el seguimiento contable de esos gastos, por lo que la mayor parte de la información con la que se cuenta es fruto de una aproximación.

En todo caso, lo que sí explica el Tribunal de Cuentas es que todas las autonomías cumplen con la obligación legal de financiar el sistema con una aportación al menos igual a la efectuada por la
AGE en concepto de nivel mínimo de protección.

Por otra parte, el informe de fiscalización revela que Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha son las autonomías que dedican mayores recursos propios a la dependencia al ser aquellas en las que la aportación del nivel mínimo de carácter finalista supone un porcentaje menor respecto al gasto. En el lado opuesto, Andalucía, Galicia y Murcia.

Además, el Tribunal aprecia “grandes diferencias” respecto al importe de los recursos adicionales transferidos por el Estado, siendo las autonomías que perciben un porcentaje menor en relación al gasto efectuado en atención a la dependencia las de Madrid y Extremadura, y las que mayor porcentaje Galicia y las Islas Baleares. Por último, las autonomías que mayores recursos propios destinan a la dependencia y cuyo origen no procede de fondos transferidos por el Estado, son Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, situándose en el otro extremo Galicia, Islas Baleares y Andalucía.

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