La financiación del Sistema de Dependencia, en el tejado de Hacienda

Enrique Pita / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El Informe de fiscalización del SAAD emitido por el Tribunal de Cuentas refleja, tal y como ha recordado la ministra de Sanidad, Ana Mato, que el Estado aporta el 50 por ciento de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un 20 por ciento en fondos finalistas y otro 30 por ciento en forma de recursos adicionales no finalistas que el Gobierno transfiere a las autonomías teniendo en cuenta la población potencialmente dependiente y las personas dependientes con prestación reconocida de cada una de ellas.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, junto a representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas antes de comenzar el Consejo Territorial.

Sin embargo, el modelo de financiación del SAAD ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por distintos gobiernos autonómicos y por la oposición. De hecho, varias autonomías llegaban a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia con la intención de poner sobre la mesa la necesidad de una reforma. En todo caso, según ha asegurado la ministra en respuestas a las preguntas de la prensa, no corresponde a este foro tratar una reforma de esas proporciones, sino que debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quien lo aborde, ya que esos fondos no finalistas dependen del modelo de financiación autonómica, es decir, no salen de los presupuestos del Ministerio.

Así, las comunidades deberían plantear esta reforma en el marco de una hipotética revisión del modelo de financiación autonómica que, por ahora, no está en la agenda inmediata del Gobierno, según aseguraba el pasado mes de junio el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El Consejo aprueba el Informe de Evaluación del SAAD

El Consejo Territorial del SAAD ha aprobado el Informe de Evaluación de la Gestión del Sistema en 2013, de acuerdo con el cual a 31 de diciembre del pasado año el Sistema de Información del SAAD recogía un total de 944.435 personas con un grado de dependencia reconocido, es decir, beneficiarias con derecho a prestación, de los que 753.842 la estaban recibiendo de forma efectiva, lo que implica que la lista de espera, es decir, las personas a la espera de recibir prestación era de 190.503 personas, un 20,17 por ciento del total. En cuanto al empleo, diciembre de 2013 cerró con 345.557 puestos de trabajo en el sector de atención a la dependencia, frente a los 335.929 existentes a cierre de 2012. De ellos, casi 143.000 correspondían a servicios no residenciales y el resto, más de 202.000, a servicios residenciales.

Además, el Ministerio ha presentado a las autonomías el proyecto de modificación del Real Decreto de Prestaciones, por el que las acciones y políticas de promoción de la autonomía se extienden a todos los grados de dependencia. Hasta ahora, estas medidas solo estaban destinadas a aquellas personas valoradas con un grado I.

Por último se ha ampliado el Fondo Social de Viviendas, es decir, al cupo de residencias que las entidades bancarias pusieron a disposición de familias y personas que no podían hacer frente al pago de sus hogares o que fueron desahuciados. Así, además de los colectivos que ya se veían favorecidos por este plan, se han incluido entre los beneficiarios las personas con discapacidad o dependencia para las que permanecer en su vivienda es factor de inclusión social, entre otros.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (a la derecha), junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

De izquierda a derecha: Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales de Navarra; Sandra Fernández, consejera de Familia y Servicios Sociales de las Islas Baleares; Luis Alfonso Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Sociosanitaria de Extremadura, e Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias.

Desde la izquierda, Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña; José María Aburto, consejero de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco, y Beatriz Mato, consejera de Empleo y Bienestar Social de Galicia.

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, junto a la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana (en el centro), y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos.

De izquierda a derecha: el consejero de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, José Ignacio Nieto; la consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, Catalina Lorenzo; la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, y la consejera de Bienestar Social y Vivienda de Asturias, Esther Díaz.

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