Aval jurídico para la reforma del nivel mínimo de dependencia

Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha hecho público el análisis del impacto normativo del Real Decreto que regula el nivel mínimo de protección de la Ley de Dependencia que se presentó a las autonomías en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del pasado mes de enero y que recoge parte de las medidas aprobadas por el Gobierno en el mes de julio. Con la publicación de este informe, que incide en la validez jurídica del texto normativo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy da un paso más en la reforma de la ley que se viene gestando desde que llegara al Gobierno a final de 2011.

Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Así, el informe publicado confirma el recorte de en torno al 13 por ciento del nivel mínimo de protección garantizado para cada beneficiario del sistema, según su grado, que ya recogía el Real Decreto-ley 20/2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Además, el RD recoge los criterios de determinación del nivel mínimo de protección  y los criterios de asignación del nivel mínimo a las autonomías, aspecto este que se hace considerando tres variables: el número de beneficiarios, el grado de dependencia y el número y tipo de prestaciones.

Memoria del análisis de impacto del RD

Desde el punto de vista económico, la Memoria del análisis de impacto del RD señala que “no produce efecto alguno en los precios de los productos y servicios y no prevé tarifas o precios ni ninguna referencia a actualización de importes”. Además, “matiza” que “no produce efectos sobre la productividad de las personas trabajadoras y empresas”. Por otra parte, señala que “la incorporación de nuevos beneficiarios al SAAD supondrá, necesariamente, creación de empleo” a través de las prestaciones del SAAD, en su doble vertiente de prestaciones económicas y servicios.

En este sentido, y enn lo que se refiere a los servicios y a la prestación económica vinculada al servicio, la Memoria señala que este RD supondrá la contratación de personal para prestarlos. Por otra parte, y respecto a los cuidadores familiares, se mantiene el derecho a la suscripción de los convenios especiales con la Tesorería General de la Seguridad Social, “si bien la obligación del abono de las cotizaciones que era asumida por la Administración General del Estado a través del Imserso, es asumida con carácter voluntario por los propios cuidadores”.

Por último, la Memoria recoge el descenso del 23,59 por ciento en el presupuesto del Imserso dedicado al propio nivel mínimo y los 1.034 millones que el Gobierno va a destinar a pagar las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. En términos generales, el presupuesto crece un 44,5 por ciento, hasta los 2.205 millones, pero lo hace sumando un dinero, esos más de 1.000 millones en cuotas a la Seguridad Social, que no revierten directamente en el sistema ni en los beneficiarios.