¿Sobre quién recae la responsabilidad civil médica de un médico asalariado?


La responsabilidad civil es la obligatoriedad de un médico de reparar un daño causado a un paciente por incumplir sus correspondientes deberes asistenciales. Esta recae, por tanto, en el facultativo en un primer momento, sin embargo, al trabajar para un tercero es el seguro de este el que se hará cargo en caso de tener que subsanar un daño.

Esto se debe a que, al contrario que en la vía penal, en la vía civil puede derivarse esta reparación. Por tanto, es muy importante el seguro de responsabilidad civil con la que cuente cada centro y que será quien pagará la indemnización, que a menudo es muy cuantiosa.

¿Quién se hace cargo de la responsabilidad civil si soy médico por la privada?


Como se ha mencionado anteriormente, en caso de tener que pagar una indemnización por un daño causado, será el seguro de responsabilidad civil que tenga contratado el centro privado el que se encargue de pagarla.

Cada centro es libre de elegir el seguro que quiera, así como contratar las coberturas que estipule como necesarias para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el médico tiene la posibilidad de contratar también otro seguro para él si considera que no está suficientemente protegido.

¿Quién se hace cargo de la responsabilidad civil si soy médico por la pública?


De nuevo, será el centro el encargado de contratar el seguro de responsabilidad civil que se haga cargo de subsanar cualquier daño causado por los médicos que trabajan a su cargo.

Sin embargo, los centros sanitarios públicos no son libres de elegir su propio seguro, sino que cada una de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias, determinarán qué seguro contratan para todos los centros públicos de su jurisdicción y estos pueden cambiar si se hace una mejor oferta.

Por último, es necesario recordar que un médico que provoque un daño en el ejercicio de sus funciones siendo un trabajador público no será condenado por un proceso civil al uso, sino por un juzgado de lo Contencioso- Administrativo, que es el encargado de evaluar esta clase de casos relacionados con los entes públicos.

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