Andalucía 
Cataluña 
Madrid 
C. Valenciana 
Galicia 
Castilla y León 
País Vasco 
Canarias 
C-La Mancha 
Murcia 
Aragón 
Extremadura 
Asturias 
Baleares 
Navarra 
Cantabria 
La Rioja 
Elegir vacuna del Covid-19 no es una opción en España. Desde el inicio de la campaña, el Ministerio de Sanidad se ha mantenido firme en su decisión de no permitir a la ciudadanía elegir vacuna individualmente entre los fármacos disponibles. Las autoridades entienden que dada "la grave situación epidemiológica que estamos viviendo", la prioridad debe ser inmunizar "cuanto antes" a la población más vulnerable.
Por tanto, la administración de los fármacos deberá basarse en la eficacia demostrada y la recomendación de cada vacuna para los diferentes grupos de población, respetando así los "principios y valores éticos" de la Estrategia de vacunación Covid-19.
En un primer momento, el derecho a elegir vacuna entre las disponibles era inexistente, ya que las dos disponibles (Pfizer y Moderna) eran ARNm y tenían caracterísitcas similares, subraya el Informe del Comité de Bioética remitido a Salud Pública.
Una vez que hubo vacunas alternativas con la llegada de Astrazeneca, igualmente se consideró desde una perspectiva estrictamente ética y legal, que las vacunas debían asignarse, no por elección de los individuos, sino por "un criterio de distribución justa que atienda a los principios de necesidad, equidad y reciprocidad y al propio contexto de escasez de recursos y a las propias características del virus y la enfermedad, que afectan principalmente a la población de mayor edad.
Principios éticos que, según recoge la tercera actualización de la Estrategia de Vacunación, aprobada en el Consejo Internterritorial, presentan una especial relevancia para determinar qué vacuna aplicar a cada grupo de prioridad, evaluando riesgos de exposicion, transmision, morbilidad grave y mortalidad. De esta forma, que "las vacunas que presenten, en el estado actual de la evidencia cientifica, mayor eficacia deben dirigirse a la poblacion cuya vida e integridad se vea mas expuesta”, determina el ministerio en este informe.
Por tanto, esta negativa a elección se basa, según el documento elaborado por Bioética, en el propio derecho a la vida, a la integridad y a la salud de terceros que consagran los artículos 15 y 43 de la Constitución, para salvaguardar la vida e integridad de las personas más expuestas al virus y la enfermedad de la Covid-19.
Sanidad establece una única excepción en el caso de las personas menores de 60 años que habían recibido la primera dosis con la vacuna de Astrazeneca. Si estos pacientes rechazan ser vacunados, como recomienda Salud Pública, con pauta heteróloga, es decir con una segunda dosis de Pfizer-BioNTech, podrá administrarse la misma vacuna (Vaxzevria). La decisión deberá contar eso sí con el consentimiento firmado del paciente en el que asegurará estar informado del principal riesgo de esta vacuna, como son los acontecimientos trombóticos surgidos, "infrecuentes pero graves".
El documento, en concreto, conforme a lo que dispone el artículo 2 de la Ley 41/2002, cuyo apartado 4 establece que la negativa al tratamiento por el paciente o usuario constará por escrito, deja patente por un lado el "rechazo a recibir la segunda dosis de una vacuna distinta a la recibida en la primera dosis, siendo esta Vaxzevra" y por otro la petición de ser vacunado con una segunda dosis de este fármaco.
Aún así, el propio ministerio reconoce que en el contexto actual, esta disyuntiva va "en contra de los principios éticos en los que se asienta la Estrategia", acordada por Sanidad y las comunidades autónomas, si bien la acepta como alternativa "para evitar que los pacientes queden sin vacunarse".
Aunque el consentimiento del paciente respecto de cualquier intervención sanitaria sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, para que tal derecho pueda ejercerse con verdadera autonomía,se exige, como condición sine qua non, que el paciente cuente con la información médica y de salud adecuadas sobre las medidas terapéuticas, indican desde el Comité de Bioética.
Desde una perspectiva ético-legal, el organismo asegura que "no parece oportuno permitir la elección de vacunas, ni siquiera en el contexto provocado por los efectos adversos", si bien esta medida quedaría supeditada al "propio interés colectivo y el éxito de la Estrategia de vacunación".
Antes de que Sanidad tomará una decisión en firme sobre este asunto, el Comité de Bioética ya expresó sus dudas sobre la posibilidad de recibir una segunda dosis de Astrazeneca entre aquellos pacientes que lo desearan de forma voluntaria, ya que esto, a su entender, sentaba un precedente en cuanto a la opción de elegir vacuna por parte de la ciudadanía.
Por tanto, la administración de los fármacos deberá basarse en la eficacia demostrada y la recomendación de cada vacuna para los diferentes grupos de población, respetando así los "principios y valores éticos" de la Estrategia de vacunación Covid-19.
En un primer momento, el derecho a elegir vacuna entre las disponibles era inexistente, ya que las dos disponibles (Pfizer y Moderna) eran ARNm y tenían caracterísitcas similares, subraya el Informe del Comité de Bioética remitido a Salud Pública.
Una vez que hubo vacunas alternativas con la llegada de Astrazeneca, igualmente se consideró desde una perspectiva estrictamente ética y legal, que las vacunas debían asignarse, no por elección de los individuos, sino por "un criterio de distribución justa que atienda a los principios de necesidad, equidad y reciprocidad y al propio contexto de escasez de recursos y a las propias características del virus y la enfermedad, que afectan principalmente a la población de mayor edad.
Principios éticos que, según recoge la tercera actualización de la Estrategia de Vacunación, aprobada en el Consejo Internterritorial, presentan una especial relevancia para determinar qué vacuna aplicar a cada grupo de prioridad, evaluando riesgos de exposicion, transmision, morbilidad grave y mortalidad. De esta forma, que "las vacunas que presenten, en el estado actual de la evidencia cientifica, mayor eficacia deben dirigirse a la poblacion cuya vida e integridad se vea mas expuesta”, determina el ministerio en este informe.
Por tanto, esta negativa a elección se basa, según el documento elaborado por Bioética, en el propio derecho a la vida, a la integridad y a la salud de terceros que consagran los artículos 15 y 43 de la Constitución, para salvaguardar la vida e integridad de las personas más expuestas al virus y la enfermedad de la Covid-19.
Posibilidad de elegir vacuna en segunda dosis ¿AZ o Pfizer?
Sanidad establece una única excepción en el caso de las personas menores de 60 años que habían recibido la primera dosis con la vacuna de Astrazeneca. Si estos pacientes rechazan ser vacunados, como recomienda Salud Pública, con pauta heteróloga, es decir con una segunda dosis de Pfizer-BioNTech, podrá administrarse la misma vacuna (Vaxzevria). La decisión deberá contar eso sí con el consentimiento firmado del paciente en el que asegurará estar informado del principal riesgo de esta vacuna, como son los acontecimientos trombóticos surgidos, "infrecuentes pero graves".
El documento, en concreto, conforme a lo que dispone el artículo 2 de la Ley 41/2002, cuyo apartado 4 establece que la negativa al tratamiento por el paciente o usuario constará por escrito, deja patente por un lado el "rechazo a recibir la segunda dosis de una vacuna distinta a la recibida en la primera dosis, siendo esta Vaxzevra" y por otro la petición de ser vacunado con una segunda dosis de este fármaco.
Aún así, el propio ministerio reconoce que en el contexto actual, esta disyuntiva va "en contra de los principios éticos en los que se asienta la Estrategia", acordada por Sanidad y las comunidades autónomas, si bien la acepta como alternativa "para evitar que los pacientes queden sin vacunarse".
Éxito de la estrategia de vacunación, objetivo primordial
Aunque el consentimiento del paciente respecto de cualquier intervención sanitaria sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, para que tal derecho pueda ejercerse con verdadera autonomía,se exige, como condición sine qua non, que el paciente cuente con la información médica y de salud adecuadas sobre las medidas terapéuticas, indican desde el Comité de Bioética.
Desde una perspectiva ético-legal, el organismo asegura que "no parece oportuno permitir la elección de vacunas, ni siquiera en el contexto provocado por los efectos adversos", si bien esta medida quedaría supeditada al "propio interés colectivo y el éxito de la Estrategia de vacunación".
Antes de que Sanidad tomará una decisión en firme sobre este asunto, el Comité de Bioética ya expresó sus dudas sobre la posibilidad de recibir una segunda dosis de Astrazeneca entre aquellos pacientes que lo desearan de forma voluntaria, ya que esto, a su entender, sentaba un precedente en cuanto a la opción de elegir vacuna por parte de la ciudadanía.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
|