No hay marcha atrás. Hace ya unos años, y con la excusa de la crisis, el gasto público en sanidad en nuestro país empezó a descender y la previsión futura sigue el mismo camino a tenor de lo que ha plasmado el actual Gobierno en la última actualización de su Programa de Estabilidad. En concreto, se contempla
llegar a 2020 con un porcentaje del 5,6 por ciento de gasto en relación con el Producto Interior Bruto.
Antes y durante la crisis nos reiteraron desde los estamentos públicos y políticos que la necesidad de “apretarse el cinturón” era coyuntural y que, una vez superada la misma,
se volvería a asegurar una inversión adecuada en nuestro Sistema Sanitario.
No ha sido así, e independientemente de constatar, una vez más, la
poca consistencia de las promesa políticas, me preocupa enormemente que nuestro país continúe en una espiral de desinversión sanitaria que, en mi opinión, pone en serio riesgo su sostenibilidad futura.
Comparto la necesidad de
implementar nuevas medidas de eficiencia y ahorro que permitan ofrecer una mejor atención a menor costo, pero en modo alguno que no resulte absolutamente necesario seguir aumentado de forma equilibrada y ponderada los recursos económicos destinados al Sistema Nacional de Salud.
Trabajaremos con ahínco para evitar el desmantelamiento progresivo de nuestro SNS
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Además de numerosos informes que así lo constatan, si se pregunta a cualquier profesional sanitario sobre la situación de su centro en los últimos tiempos, la opinión prácticamente unánime es que ha
sufrido un notable
deterioro a todos los niveles (plantillas, instalaciones, materiales…).
El punto de vista del paciente tampoco difiere mucho. Ha tenido que esperar más para ser atendido y/o intervenido, entiende que la atención no ha sido la adecuada por el poco tiempo que le ha dedicado el profesional correspondiente, ha visto cerrar servicios o consultas…
Esta es la realidad. Ha ocurrido y está ocurriendo. Por ello, me parece utópico pensar que si se sigue invirtiendo menos en sanidad las cosas no continuarán empeorando.
No lo entienden tampoco así los países de nuestro entorno que también en su día recortaron sus presupuestos y ya han vuelto a priorizar en sus cuentas públicas a sus respectivos sistemas sanitarios.
Llegados a este punto habría que preguntarse, por tanto, a quién beneficia esta situación. ¿Quién es el mayor interesado en que nuestro sistema sanitario público no satisfaga las necesidades de atención y cuidados que cualquier español merece?
Entiendo que las previsiones de gasto son eso, previsiones, por lo que espero que aún
estemos a tiempo de cambiar las cosas y no se mantenga la errónea política de “desandar lo caminado”.
Por nuestra parte, desde el Sindicato de Enfermería, SATSE, trabajaremos con más ahínco si cabe para evitar el desmantelamiento progresivo de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Somos una organización profesional que siempre ha defendido un sistema sanitario público, universal y de calidad, y lo seguiremos haciendo al estar plenamente convencidos de que es también una incuestionable
fuente de generación de riqueza y empleo que nos beneficia a todos.