Ante la polémica actual sobre la situación sanitaria y el déficit de profesionales, desde mi perspectiva, como médica, me resulta difícil entender que, tras diagnósticos repetitivos y anunciados con suficiente antelación sobre la demografía médica, no se haya puesto en marcha ningún tratamiento ni preventivo ni curativo en nuestra sanidad. Basta acudir a la hemeroteca, llena de diagnósticos sobre la situación del sistema nacional de salud, pero con escasa bibliografía de artículos que analicen los resultados de las acciones realizadas, probablemente por la ausencia de ellas.

El déficit de médicos, su envejecimiento y la dificultad para retenerlos en determinadas áreas, es una preocupación presente en todo el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Mundial de la Salud y la ya lo ponían de manifiesto en 2013 a través de sendos estudios. Ésta última, además, declaraba como “Verdad Universal: No hay Salud sin recursos humanos para la Salud”.

Las pruebas diagnósticas no se hicieron esperar en España, así, en 2007 el Ministerio de Sanidad encargó el primer informe sobre “Oferta y necesidad de especialistas médicos en España”, estudios que se repitieron en 2009, 2011, 2018/19 y 2022.  Desde el 2009 se confirma el déficit de unas 2500 plazas MIR especialmente en determinadas especialidades y, dos años más tarde, en el 2011, se destaca el inicio de la crisis en Medicina Familiar y Comunitaria.

Más tarde, en el informe de 2018/19 se pone de manifiesto la existencia de una bolsa de médicos egresados de la Facultad de Medicina que no llegan a acceder al mercado laboral porque no pueden especializarse, aconsejando disminuir el número de ingresados en la facultad de medicina y aumentar las plazas MIR. Por último, en el 2022 se afirma de manera rotunda que faltan cerca de 9.000 médicos.

Dos son los problemas que dificultan el diagnóstico. En primer lugar, la ausencia de una base de datos fiable y única, es decir, falta un registro estatal de profesionales sanitarios y, en segundo lugar, que sólo se analizan los médicos que trabajan en la red pública, mientras que los médicos de ejercicio privado no dejan de ser una estimación.

Sin embargo, tras una formación superior a diez años, el médico tiene la posibilidad de desempeñar su actividad tanto en el ámbito público como en el privado, por lo que conocer sus características demográficas para llegar a un diagnóstico certero se hace indispensable.

A esto se suma que las realidades de cada comunidad autónoma son muy diferentes entre sí, panorama que hace imprescindible un profundo conocimiento de cada región para realizar cualquier formulación en políticas de recursos humanos en salud, si se quiere obtener los resultados previstos.

Ante la indicación de aumentar las plazas de formación en determinadas especialidades la terapia fue su reducción progresiva, una disminución que llegó a su mínimo ratio en el año 2014. A partir de aquí se inicia un lento ascenso, más marcado en el 2018, donde ya había un déficit patente de profesionales con la consiguiente creación de una bolsa de médicos que no pueden acceder a seguir formándose. No obstante, los resultados de ese aumento de plazas no serán patentes hasta el periodo 2023-24.


"Los profesionales formados fuera de España y con el título homologado no son especialistas en Atención Primaria; pueden ofrecer una asistencia terapéutica de calidad, pero no pueden suplir las competencias de la medicina familiar"



Al respecto de las señales inequívocas de crisis en atención primaria, presentes desde 2011, no se han tratado sus necesidades organizativas ni profesionales como son la desburocratización, digitalización, autonomía de gestión, calidad y calidez del empleo, así como la necesidad primordial de contar con una plantilla de profesionales estatutarios y presupuestos integrados en el cuadro económico de la financiación pública. Simplemente se ha dejado morir.

Finalmente, hemos llegado al 2023 con el siguiente diagnóstico:  faltan 9.000 médicos especialistas, especialmente en medicina familiar y comunitaria, anestesiología y pediatría. Para hacer frente a esta situación se ha iniciado una reanimación con medidas como prolongar la actividad asistencial pasados los 65 años, atraer profesionales formados fuera de España y aumentar las plazas MIR.

En este sentido resulta importante destacar que los profesionales formados fuera de España y con el título homologado no son especialistas en atención primaria, es decir, pueden ofrecer una asistencia terapéutica de calidad, pero no pueden suplir las competencias propias de la medicina familiar y comunitaria, especialidad que nos resistimos a dejar morir.

En resumen, la pandemia por COVID-19 vino a exacerbar cada uno de los problemas que ya existían, sin embargo, debe suponer una oportunidad sin precedentes para implementar políticas exitosas porque está en juego nuestra capacidad para atender las necesidades sanitarias presentes y futuras de nuestros ciudadanos, para ser más resilientes y para optimizar la inversión en salud (más y de manera más inteligente).

Para trabajar con esta mirada de futuro se hace imprescindible situar a la profesión médica en el centro de la política sanitaria, ya han demostrado con creces su buen hacer. Es hora de actuar.