Los médicos de Madrid están obligados a votar

Aunque la democracia en España es relativamente joven (comparada con las de países de nuestro entorno), hay una vieja discusión acerca de si votar es un derecho o debería ser una obligación.

Los partidarios del llamado voto obligatorio argumentan que si lo que está en juego es el gobierno del pueblo, presumiblemente esto incluye a todas las personas, luego entonces es responsabilidad de todos los ciudadanos elegir a sus representantes. Los detractores en cambio opinan que no es coherente con la libertad asociada con la democracia.

Sin llegar al extremo de la obligatoriedad, viendo los porcentajes de participación de los médicos colegiados en los últimos comicios celebrados en el Colegio de Médicos de Madrid en 2012 y 2008, y la situación de zozobra institucional generada tras estas convocatorias, sí cabe interpretarse que acudir a las urnas este jueves 18 de febrero, más que una opción, es casi un deber para los casi 42.000 facultativos censados en la Comunidad de Madrid.

Y es que echando un vistazo a la hemeroteca, se puede decir sin miedo a distanciarse mucho de la realidad que solo uno de cada diez médicos votó en los últimos comicios (2012), y solo dos de cada diez lo hicieron en los anteriores (2008). Esta pírrica participación ha propiciado un ninguneo institucional hacia el colegio, dando lugar incluso a que pseudo-asociaciones hayan parasitado sus funciones, con la politización que eso conlleva. El Colegio de Médicos de Madrid, si quiere seguir manteniendo lo de Ilustre, debe volver a ser una corporación de derecho público en mayúsculas, y solo la participación y el respaldo del médico de a pie lo puede conseguir.

Un presidente resultante de una votación masiva, que rondase por lo menos la mitad del censo, tendría una fuerza tremenda, un respaldo que haría que la voz del médico madrileño se escuchase y respetase en todos los despachos. ¿Puede permitirse un colectivo estratégico en una sociedad moderna vivir de espaldas a la institución que le representa ante los poderes públicos y los ciudadanos? ¿Debe ser el facultativo, como individuo, ajeno a lo que suceda en los próximos cuatro años en una corporación cuya acción o pasividad va a influir en su desempeño profesional diario?

La respuesta parece obvia. El ‘pago la cuota por obligación pero el colegio no me representa’ debería quedar archivado para siempre en el cajón de las excusas, desterrado por ser un pretexto de otro tiempo; el médico actual es un profesional con plena capacidad de información y de toma de decisiones sobre todos los asuntos que afectan a su quehacer. La pereza que supone dedicar unas horas a acercarse a una urna para ejercer el derecho a voto no puede vencer a la influencia que esa papeleta va a tener en el ejercicio profesional durante los próximos cuatro años.

Sobre la mesa cuatro posibilidades, cuatro proyectos, y definitivamente cuatro destinos distintos para el Colegio de Médicos de Madrid. Son las candidaturas que encabezan Juan Abarca, Ana Sánchez Atrio, Miguel Ángel Sánchez Chillón y Guillermo Sierra. Cada uno y su equipo escribirán páginas distintas en el libro de este mandato en el Colegio de Médicos de Madrid.

Juan Abarca se antoja como el protagonista que profesionalizaría la gestión, con una rebaja del presidencialismo para otorgar más peso a las vocalías. Guillermo Sierra pondría el foco en el médico y su orgullo de serlo, en el profesionalismo en definitiva. Mientras que una victoria de los ‘Sánchez’, Atrio y Chillón, supondría un nuevo capítulo de esas guerras internas que tanto han alejado al médico del Colegio durante la última década.

Como es lógico, ni los candidatos ni nadie va a obligar al colegiado a votar el próximo 18 de febrero. Solo puede conseguirlo el convencimiento de que, participando, será dueño de su futuro profesional, una realidad que le afectará como individuo y como parte del colectivo durante los próximos años.