Parece existir un acuerdo muy mayoritario sobre la existencia de un
déficit de médicos de familia en el sistema sanitario español, circunstancia que se traduce en el ámbito de la gestión de
recursos humanos de los centros y equipos en la dificultad para encontrar candidatos para la cobertura de plazas en los centros y equipos de salud, sobre todo en aquellos con menor poder de atracción profesional. Las causas de esta situación son múltiples y han sido analizadas de forma exhaustiva desde distintos ángulos y por múltiples expertos.
Apuntar solamente que parece existir también un acuerdo mayoritario en que las soluciones al problema diseñadas exclusivamente desde la perspectiva de la incorporación al sistema de nuevos profesionales no tendrán un efecto positivo a corto plazo, ya que
el ciclo de formación de los médicos tiene una duración mínima de 10 años.
Por otro lado,
España es uno de los países europeos con
mayor tasa de médicos por habitante, dato que apunta, a que, al menos en términos globales, no estamos ante un problema estrictamente de producción, si no de mala distribución entre las distintas especialidades de los médicos formados, tal como han venido describiendo los distintos estudios sobre
demografía médica encargados por el
Ministerio de Sanidad y liderados por
Beatriz González en los que se cuantifica el exceso y el
déficit de profesionales en cada una de las especialidades con una proyección de 10-15 años.
Estos estudios no parece que hayan sido valorados suficientemente por el ministerio que los solicita ni por el de Universidades, entre otros momentos, al diseñar la distribución de las plazas formativas del
sistema MIR entre las distintas especialidades. Estos problemas de planificación se ven agravados por una
concentración significativa de jubilaciones de los médicos de familia en los próximos 5-7 años.
¿Cómo actuar a corto plazo ante el déficit de profesionales?
Aceptando el panorama anterior parece claro que si se quiere modificar positivamente y a corto plazo el
déficit de médicos de familia es preciso moverse con el número actual de profesionales. Confiar en el efecto corrector hipotético que pueda tener un incremento del número de plazas formativas en el grado y
formación especializada equivale a condenar durante 10 o más años a nuestro sistema sanitario a una
precariedad a todas luces intolerable, y que por ello originará sin duda
conflictos profesionales crecientes en el conjunto del Estado.
Para atacar de forma efectiva el problema las
autoridades sanitarias centrales y autonómicas deberían poner en marcha de forma prácticamente inmediata diversos tipos de actuaciones que paso a describir esquemáticamente:
1- Aprobar ya en el
presupuesto de 2023 un incremento de la financiación finalista para los centros y equipos de Atención Primaria y Comunitaria del 25 por ciento del gasto sanitario total (excluyendo siempre de este porcentaje el gasto de farmacia ambulatoria). Este incremento de financiación debe tener una repercusión inmediata y significativa en las remuneraciones percibidas por los profesionales de los centros y equipos.
2- Aprobar antes del 31 de enero de 2023 un
diseño de carrera y desarrollo profesional para los integrantes de los centros y equipos de Atención Primaria y Comunitaria. En el diseño deben establecerse con
claridad los mecanismos y requisitos de acceso a sus diferentes etapas (profesional junior, senior y consultor) así como los cambios en la distribución de los tiempos destinados a
asistencia, docencia e investigación en cada una de ellas.
3- Aprobar antes de final de 2022 y para el conjunto del Estado, la tipificación de los elementos definitorios de los
puestos de trabajo susceptibles de una mayor incentivación salarial y facilidad de acceso a actividades de
formación continuada y desarrollo profesional.
4- Aprobar antes del 31 de enero de 2023 una modificación del artículo 6 del
Real Decreto 37/1984 sobre Estructuras Básicas de Salud mediante la adición de un apartado en el que se establezca que la programación de las visitas en las consultas en el centro de salud se realizará con un intervalo temporal mínimo entre ellas de
10 minutos.
5- Aprobar antes del 31 de enero de 2023 una modificación del artículo
9 del Real Decreto 37/1984 sobre Estructuras Básicas de Salud mediante la adición de un apartado en el que se establezca que la cobertura de las plazas vacantes de profesionales sanitarios de los equipos de Atención Primaria y Comunitaria se realizará bajo dos modalidades: con carácter fijo estatutario o con carácter contractual interino. En este último caso para una
cobertura temporal de vacantes no inferior a 30 días.
"Es preciso incrementar el atractivo del ejercicio profesional en el ámbito de la Atención Primaria y Comunitaria y para conseguirlo se necesita algo más que declaraciones grandilocuentes"
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6- Comprometerse por escrito a iniciar el
análisis a corto plazo, con la participación de las
organizaciones profesionales y sindicales, de las modificaciones del Real Decreto 37/1984 sobre
Estructuras Básicas de Salud que sean necesarias para reconsiderar tanto en el ámbito urbano como en el rural los horarios de apertura y distribución de la jornada laboral de los integrantes de los equipos de atención primaria y comunitaria. Esta reorganización debe plantearse con el objetivo de conseguir
unificar los turnos de mañana y tarde existentes hoy en una jornada continuada con horario de apertura de los centros entre las 9 y las 18 horas y
garantía de un periodo de atención continuada para demandas no aplazables hasta las 20 horas. Debe existir un compromiso temporal razonable para alcanzar este objetivo y realizar durante el proceso las
modificaciones estructurales, de consultas y organizativas necesarias en los centros para conseguir que cada profesional del equipo tenga finalmente un espacio personal de trabajo. Así mismo debe analizarse la viabilidad de los
procesos de laboralización de los profesionales sanitarios que permitan abandonar la
dinámica negativa de los concursos-oposición autonómicos, procesos que son fuente de
precariedad e inestabilidad laboral, bien por que no se convocan o por la parálisis de su resolución que inducen los innumerables recursos que generan. Es preciso caminar hacia una
contratación laboral descentralizada y con las garantías suficientes de publicidad, transparencia y justicia y equidad en las adjudicaciones de plazas.
No pretendo, ni mucho menos, afirmar que solamente con estas actuaciones se consiga revertir totalmente la grave situación actual pero sí creo que si los responsables políticos del gobierno central y de los autonómicos las ponen en marcha estaríamos en la senda de poder modificar positivamente
un problema que no deja de profundizarse. Es preciso
incrementar el atractivo del ejercicio profesional en el ámbito de la Atención Primaria y Comunitaria y para conseguirlo se necesita algo más que declaraciones grandilocuentes sobre la importancia de este ámbito para el conjunto del sistema que luego quedan en nada. Hay que poner el “hilo en la aguja” y concretar acciones que sean visibilizadas de forma positiva por los profesionales.