El sistema de información de la dependencia busca más transparencia

Enrique Pita / Imagen: Adrián Conde. Madrid
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha aprobado este jueves el nuevo Sistema de Información (Sisaad) propuesto por el Gobierno que implica, entre otros aspectos, que las autonomías deberán aportar con periodicidad mensual un informe que recoja los datos de gestión en cada una de ellas (altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados) y, con carácter anual, otro informe en el que den cuenta del destino de los fondos que hayan recibido del Estado para hacer frente a los costes de la aplicación de la Ley de Dependencia y la prestación de servicios.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (en el centro, de azul), junto a los consejeros y altos cargos ministeriales antes de comenzar la reunión del Consejo Territorial del SAAD.

El informe del Tribunal de Cuentas conocido en las primeras semanas de 2013 hizo saltar la alarma. De acuerdo con aquel documento, varios miles de expedientes en el conjunto de las autonomías contenían irregularidades que debían ser subsanadas, aunque finalmente, tras la presentación de alegaciones por parte de los gobiernos regionales, el número se redujo. Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la connivencia de varias autonomías, se propuso levantar un nuevo sistema de información que evitara que se repitiera esta situación. Así, con este nuevo sistema se busca, según ha explicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, “garantizar la fiabilidad, seguridad, disponibilidad y transparencia en la información”.

Si bien todas las autonomías coinciden en las bondades de esta transparencia, lo cierto es que no todas muestran la misma satisfacción ante el acuerdo alcanzado. Así, cada autonomía defiende que se encuentra preparada, pero se reconoce que la cantidad de datos que se han de aportar son elevados.”La información mensual ya se venía aportando desde junio”, ha asegurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, que ha calificado esta información como “necesaria”. En este sentido, la consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha dado la bienvenida al sistema, pero ha recalcado que es necesario que todas las autonomías cumplan con su parte para que este sistema sea eficiente.

Por su parte, la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido que “toda información es buena siempre que no se distraigan recursos para la aplicación de la ley”, al tiempo que ha asegurado que ha pedido al ministerio “flexibilidad” para recabar la información necesaria de aquellas personas ya valoradas. En su opinión, este proceso llevará tiempo en aquellas autonomías, como es el caso de Andalucía, donde el número de dependientes sea elevado. En este sentido, la consejera catalana de Familia y Bienestar Social, Neus Munté, ha señalado que concuerdan con la idea de transparencia, pero este sistema es “excesivamente intervencionista” y que puede llevar a pensar que “no se confía” en el trabajo que se hace desde los gobierno autonómicos.

La evaluación del sistema, punto de fricción

Tal y como sucediera hace un año, el Consejo Territorial de Dependencia de julio ha servido para poner sobre la mesa una evaluación del sistema. Si entonces fue la primera que se hacía tras cinco años de aplicación de la Ley de Dependencia, en esta ocasión lo que se evalúa es su funcionamiento en 2012. Según ha asegurado la ministra Ana Mato, las reformas adoptadas por el Gobierno en este año y medio de legislatura han permitido que el sistema sea “sostenible” y se está “logrando garantizar su viabilidad”. Así, ha defendido que durante 2012 “la nuevas incorporaciones han superado a las bajas; hay casi un 25 por ciento de personas menos en lista de espera y se ha aumentado el nivel mínimo”.

Sin embargo, este documento no ha gustado a todos, tal y como ha dejado patente la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que tanto a la entrada como a la salida del Consejo Territorial ha señalado que esta reunión en sí misma era “un fraude” y ha criticado el carácter triunfalista del informe de evaluación, que, a su modo de ver, intenta hacer creer a los ciudadanos “que a lo largo de 2012 no ha habido recortes en la aplicación de la ley”. En todo caso, esta evaluación debe ser ahora estudiada por las autonomías, que presentarán sus alegaciones, según ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos.

Atención a menores de tres años en situación de dependencia

Otro de los puntos destacados ha sido la aprobación del Plan integral de atención a menores de 3 años en situación de dependencia. Según ha explicado la ministra, en España hay más de 140.000 niños y niñas en situación de discapacidad “que les puede llevar a una situación de especial vulnerabilidad”. Así, ha señalado que es “fundamental” que todos los menores tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos  y ha explicado que este plan que hoy se ha aprobado incluye medidas que garantizarán que la atención temprana sea un servicio “público, universal, gratuito y de calidad”.

Entre los aspectos fundamentales que recoge este plan, la ministra ha destacado la concesión de ayudas a domicilio y, en caso de ser necesario, prestaciones económicas en favor de los menores de tres años en situación de dependencia. Asimismo, se garantizarán plazas en escuelas infantiles o centros de atención socioeducativa y se desarrollarán programas de apoyo y formación a sus cuidadores. “Tenemos que hacer posible que los sistemas educativo, sanitario  y de servicios sociales estén plenamente coordinados en beneficio de las familias”, ha concluido.

De izquierda a derecha: el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; el consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, y el director general del Imserso, César Antón.

De izquierda a derecha, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz; el consejero de Políticas Sociales de Navarra, Íñigo Alli, y el consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón.

De izquierda a derecha: la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero; la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, y la ministra Ana Mato. A la derecha, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, y la consejera  de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

De izquierda a derecha: el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociles e Igualdad, José Javier Castrodeza; la consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, María Angeles Palacios, y la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana.

De izquierda a derecha: la consejera de Familia y Bienestar Social de Cataluña, Neus Munté; la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, y la consejera de Familia y Servicios Sociales de Baleares, Sandra Fernández.

De izquierda a derecha: el director general de Mayores, Discapacidad y Dependencia de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer; el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, y la secretaria general de Asuntos Sociales y Voluntariado de Castilla-La Mancha, Paloma Leis.

El consejero extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón (centro), junto al consejero aragonés, Ricardo Oliván (izquierda) y el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel.